Sanidad niega haber amenazado a FACUA por criticar los recortes

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha resaltado que en ningún caso ha "amenazado" a la asociación de consumidores FACUA y ha señalado que solo le ha recordado la necesidad de cumplir la legalidad.

El Ministerio no quiere "ilegalizar" a ninguna organización porque "todo el mundo tiene derecho" a constituirse como asociación, pero a la vez deben cumplir una serie de "requisitos" por estar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, ha puntualizado después de que FACUA denunciase a través de las redes sociales que ha recibido una carta firmada por la presidenta del Instituto Nacional de Consumo, Pilar Farjas, en la que se le advierte de que podría perder su condición de asociación en caso de que insista en mantener sus campañas en contra de los recortes aprobados por el Gobierno.

En dicha misiva, fechada el 30 de julio, se subraya que las acciones y denuncias llevadas a cabo por FACUA en su página web contra las reformas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy "sobrepasan los fines que definen a este tipo de asociaciones, acercándose más a otro tipo de organizaciones sociales". Entre esas acciones, el Gobierno le reprocha a FACUA que haya promovido una huelga de consumo y que haya puesto en marcha campañas para alzar "recursos de inconstitucionalidad contra las normas estatales dirigidas a la racionalización del gasto público".

Junta Directiva

El Instituto Nacional de Consumo le da a FACUA un plazo de quince días para retirar "las campañas objeto del requerimiento así como abstenerse en el futuro de realizar cualquier otra actuación que no se corresponda con los fines que le son propios". De lo contrario, advierte la carta, se "procederá a decretar la pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios y su exclusión del Registro Estatal de Asociones de Consumidores y Usuarios".

FACUA estima que la carta constituye "una grave amenaza" y ha convocado una Junta Directiva el 13 de agosto ante lo que considera un intento de "ilegalización" de la organización.