El Gobierno blande ante Andalucía y Cataluña la amenaza de intervención

Pie en pared. El Gobierno hizo ayer oídos sordos a las protestas de Cataluña y Andalucía y volvió a dejar claro que no moverá ni una coma de los objetivos de déficit y deuda aprobados este martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, le pese a quien le pese. Frente a la reclamación del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que se revisen las posiciones y se abra un diálogo, el Ejecutivo respondió con contundencia y recordó que tiene en su mano los duros mecanismos coercitivos que le otorga la nueva ley de estabilidad financiera, intervención de la autonomía incluida.

«No hay hueco para la insumisión», resumió de forma gráfica la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. «Una cosa es la postura ante los medios y otra -insistió en Radio Galega- que tengan posibilidad alguna de hacerla o llevarla a cabo, que no la tienen, entre otras cosas, porque no tienen financiación».

En el caso extremo de que la rebelión fuera algo más allá de la ausencia de la Generalitat en la cumbre autonómica de esta semana o del abandono precipitado de la reunión por parte de la consejera andaluza, el Gobierno podía acabar recuperando las competencias en cesión de tributos o incluso podría aplicar, por primera vez en la historia del Estado de las Autonomías, el artículo 155 de la Constitución, que, mayoría absoluta del Senado mediante, permite al Estado tomar las riendas de una comunidad díscola.

Nadie plantea, sin embargo, una batalla tan dura. Griñán dejó claro que, conforme o no con el techo de deuda que se les ha impuesto para 2013, un 13,2% de su PIB, Andalucía cumplirá. Pero reiteró la amenaza vertida el día anterior por su consejera, Carmen Martínez Aguayo, y avisó de que tiene intención de plantear recurso contra una decisión que considera injusta e «inconstitucional».

El Gobierno andaluz y el PSOE, que respalda su postura, aseguran que la fórmula empleada por Hacienda para fijar el tope de deuda individualizado rompe el principio de igualdad y discrimina a Andalucía y a las comunidades en las que gobiernan los socialistas (también Asturias y, en coalición, Canarias). La media del conjunto de la administración autonómica debe ser del 16% pero, a diferencia del objetivo del déficit, que es de idéntico porcentaje para todos (1,5% en 2012 y 0,7% en 2013), la capacidad de endeudamiento autorizada varía en cada caso.

Fórmula idéntica

Las diferencias surgen porque el punto de partida es el volumen de deuda que cada cual tuviera a 31 de diciembre de 2011. Sobre esa cifra, el único endeudamiento que permite el Ejecutivo es el necesario para financiar el déficit autorizado, más la variación ya tasada de activos financieros, más la parte de la liquidación de los anticipos que el Estado dio a las autonomías en 2008 y 2009 y que estas deben devolver en diez años. Ni un euro más. En el caso de Cataluña, la comunidad más endeudada, eso significa que podrá pasar de los 42.000 millones de euros de deuda que tiene en la actualidad (un 21% de su PIB), según los últimos datos del Banco de España, a 47.279 millones en 2013 (un 23,6%). Andalucía, que tiene un endeudamiento inferior a la media, pasará de 15.373 millones de euros actuales (un 10,6%), a 19.249 millones (un 13,2%).

«Yo -dejó claro Rubalcaba- no estoy proponiendo que se limite más la capacidad de maniobra de las más endeudadas, pero pido al Gobierno que rectifique, que pacte y acuerde porque de lo que estamos discutiendo es de si cerramos hospitales o escuelas». Griñán aseguró que las cifras del Ejecutivo le obligarán a hacer un ajuste extra de 2.700 millones, lo que supondría cerrar 19 hospitales, o despedir a 60.000 empleados públicos o cerrar más de 2.000 colegios y alegó que no es él el desleal sino el Ejecutivo, que sin conversaciones previas ni diálogo decidió imponer su criterio.

La principal queja de los socialistas, sin embargo, es que en su caso existe mucha más diferencia que en otros entre la previsión de deuda que ellos plantearon en su plan de reequilibrio, aprobado por el CPFF el 17 de mayo, y la que finalmente se ha aprobado para 2013. El Gobierno alega que ese plan buscaba el cumplimiento de los objetivos de déficit de 2012, pero en ningún caso significaba una autorización legal de endeudamiento.