La oscuridad de la dependencia

La aplicación de la ley de la dependencia se ha convertido en un laberinto para las administraciones públicas. La relación entre las comunidades autónomas y el Gobierno ha provocado situaciones tan rocambolescas como que el Imserso, la institución por donde se gestiona la parte estatal de la ley de la dependencia, reconozca que no sabe cuánto se invierte por cada persona con necesidad de una ayuda económica. «A día de hoy no hay indicadores para definir el coste de cada uno de los servicios que se prestan (teleasistencia, ayuda a domicilio, asistencia residencial, centros de día o de noche)», admite en un informe que valora la aplicación de la normativa desde 2007 hasta enero de 2012 y que recoge muchas de las ideas aplicadas por Sanidad en su reforma.

«Su desarrollo ha sido prolijo y confuso», asevera. «Se constata que su implantación ha sido precipitada, sin el necesario contraste y sin prevenir resultados, con el único objetivo de ir dando respuesta puntual a los desajustes legales respecto a la realidad social», añade.

El informe del Imserso es bastante crítico con las complicaciones que ponen algunas comunidades autónomas -sin citarlas- a la hora de poner trabas en la declaración y los trámites de la dependencia. El instituto muestra su sorpresa porque algunas consejerías hayan aumentado hasta 16 los pasos que deben dar los ciudadanos para obtener la ayuda. Destaca que el procedimiento tiene una duración «demasiada dilatada en el tiempo». Según la ley, los pasos mínimos son la presentación de la solicitud, la valoración, una resolución administrativa para el reconocimiento de la situación de dependencia, la aprobación del programa individual, la consulta, otra resolución administrativa y los servicios necesarios. Sin embargo, las autonomías han adoptado «formas y procedimientos diferentes», como que en algunos supuestos se soliciten una o tres resoluciones. Esta diversidad de sistemas ha provocado que el Imserso crea que deben realizarse «procesos de depuración o limpieza», sobre todo en lo relacionado con el sistema de información.

Las grandes cifras

A 1 de enero de 2012, el Imserso tiene contabilizadas 752.005 personas beneficiarias, que reciben 931.754 prestaciones. De este total de ayudas, el 45,5% son prestaciones económicas y el 54,5% de las ayudas se realizan a través de las prestaciones de servicios. En este apartado, destaca sobre todo la atención residencial, con 184.675 si se agrupan con la prestación económica vinculada al servicio. Los restantes 323.154 servicios se distribuyen entre la red pública (13,35%) con su correspondiente ayuda económica vinculada (6,47%), centros de día y de noche (6,44%), ayuda a domicilio (12,87%), teleasistencia (13,50%) y prevención y promoción de la autonomía personal (1,88%).

Por grados, los grandes dependientes son el grupo más numeroso, con 366.215 personas y 442.005 servicios y prestaciones; a continuación se sitúan los dependientes severos, con 351.091 personas y 447.079 servicios y en último lugar se sitúan las 34.699 personas de grado 1 y nivel 2 que reciben 42.671 servicios. En sus conclusiones, el Imserso destaca que la utilización de «los servicios que forman parte de la red pública de servicios sociales con experiencia consolidada no se utilizan de forma prioritaria» y asegura que el 80,19% de la atención se realiza en el entorno del domicilio.

Otro problema que localiza el Imserso es el de los cuidadores familiares. El documento reconoce que una excepcionalidad se ha convertido en una regla y que este tipo de cuidadores han supuesto un importe de 1.047 millones. Desde 2007 hasta enero de 2012 se han dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de trabajadores profesionales del Sector de Servicios Sociales 276.670 personas, de los que 63% corresponden a familiares.En el 93% de los casos, son mujeres.

Durante este tiempo, las altas de afiliaciones a la Seguridad Social de trabajadores profesionales solo aumentaron en 102.537 cuidadores, aunque el año pasado se produjeron más de ocho mil bajas. Eso se debe a los retrasos en la aplicación de la ley de dependencia por culpa de los recortes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 y por la falta de dinero en las arcas regionales, según el informe.