Los geriátricos alertan de «riesgo vital» por los impagos

La decisión de la Generalitat de no pagar los conciertos asistenciales del mes de julio a geriátricos, residencias de discapacitados y entidades de atención a enfermos mentales, entre otros, deja en una situación muy delicada a estos centros, casi de colapso financiero y quebranto económico.

Ante la previsible carencia de equipos humanos -unos 100.000 trabajadores no cobrarán sus nóminas- y la existencia de problemas asistenciales, los directores de unos 300 geriátricos catalanes presentaron ayer una denuncia «preventiva» ante la Fiscalía para avisar de la posible «desatención», del «riesgo vital» y de «situaciones asistenciales críticas» a las que se enfrentan las personas ingresadas en sus centros, especialmente los altamente dependientes. A su juicio, nos encontramos en una situación de verdadera «alarma social», por lo que reclamaron al fiscal que actúe «en defensa de los residentes desamparados». «Nos sentimos condicionados a un abandono asistencial, empujados por parte de la administración», según reza el escrito. Y es que las entidades sociales estiman que, por lo general, sus centros viven en un 75% de lo que reciben de la administración -conciertos- y en un 25% de las cuotas que pagan los usuarios. Eso quiere decir que no solo dejarán de abonar las nóminas de julio a sus trabajadores, sino que tampoco podrán hacer frente al pago de proveedores.

Las entidades sociales advierten de que a las personas dependientes que requieren atención profesional las 24 horas del día «se les va a privar no solo de la asistencia que ya ha sido considerada precisa, sino incluso de su alimentación e higiene». El impago de la Generalitat, añaden, les imposibilita garantizar los derechos establecidos en la ley de Servicios Sociales de Cataluña y en el decreto que regula el sistema de asistencia social. «Ahogar económicamente los centros geriátricos, así como a los de drogodependientes o de salud mental, supone toda una agresión a las personas», señalaron ante la Fiscalía, a la que le piden que «adopte cuantas medidas urgentes considere para asegurar la atención y cuidados que precisa la población más frágil».

Los centros anunciaron al Ministerio Público que han activado un plan de choque, que contempla dos medidas de urgencia. Por un lado, piden a las familias que se responsabilicen temporalmente de los ancianos, «hasta que la situación se normalice», y, por otro, sugieren a los usuarios que adelanten el pago de las cuotas impagadas.