El Consejo comprueba si hay vías legales para evitar que Dívar cobre 208.000 euros

Lo que debería haber sido el pleno de los recortes en el Consejo General del Poder Judicial fue fagocitado, una vez más, por las secuelas del 'caso Dívar'. No estaba en el orden del día, pero en el ambiente de la reunión extraordinaria de ayer, en la que se aprobó una reducción del 12% del presupuesto para 2013, planeó la indemnización solicitada por el expresidente, que asciende a 208.000 euros a cobrar en los próximos 24 meses.

Ocho de los 20 vocales solicitaron entrar en el fondo del asunto, es decir, debatir si la indemnización planteaba «dudas legales» y conocer si había alguna puerta normativa para que Dívar no percibiera esta regalía. Sin embargo, el resto de los consejeros, encabezados por el nuevo presidente, Gonzalo Moliner, consideró que no era el momento y emplazaron a un debate en profundidad para el primer pleno de la vuelta de vacaciones, en septiembre.

No es que Moliner se quisiera quitar de encima de un plumazo esta «patata caliente», según aseguró ayer, sino que considera que hay que darse un plazo mínimo para estudiar si hay vías legales que la impidan, algo «muy complicado» dado el contenido de la ley de retribuciones de altos cargos, según señalaron fuentes del Consejo.

Y es que en 72 horas Moliner ha cambiado el paso. El pasado jueves, en un acto en el Tribunal Supremo con el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que si el CGPJ no accedía a la prestación estaría «incumpliendo la ley». Dicho en llano, estaría prevaricando. Pero ayer se retractó, quizá tras comprobar la polvareda política, social y judicial que ha generado este caso.

«Me atendré a lo que decida el pleno (de septiembre) y me reservo la posibilidad de mantener o cambiar mi opinión», dijo al ser preguntado sobre su primera versión.

El presidente del Poder Judicial explicó que se aplaza el debate por razones de «técnica presupuestaria». Esto supone que el pleno acordó enviar al Ministerio de Hacienda una petición de «extensión del crédito» para afrontar el pago correspondiente a la indemnización de Dívar para este año, que asciende a 44.600 euros.

«Extensión del crédito»

Se trata de un trámite formal porque esta partida no estaba incluida en el capítulo de gastos para 2012. Pero en ningún caso supone que el Consejo se quite de en medio, aseguró Moliner. Es más, desde el gobierno de los jueces se cree que Hacienda aceptará la «extensión del crédito», ya que cada año este órgano devuelve un 20% de su presupuesto. Por lo tanto, por esta vía no habrá rechazo posible a la indemnización.

Otra de las opciones es conocer si la regalía de Dívar puede recibirla una persona de la función pública que ha cesado de forma voluntaria. También se estudia la letra pequeña de la ley de retribuciones de altos cargos y sus diversas interpretaciones, como el mal uso de los fondos públicos que motivaron la dimisión del expresidente.

Toda esta polémica con la que ha arrancado la etapa de Gonzalo Moliner ensombrece su gran apuesta por la austeridad y la transparencia. El pleno de ayer, por ejemplo, sirvió para aprobar el proyecto de presupuesto para 2013, que asciende a 62,7 millones de euros, un 12% menos que este curso.

Se recortan las partidas en casi todos los capítulos, a excepción del personal judicial (prevención de riesgos, seguros médicos, etc.) y el mantenimiento de sistemas de seguridad. Por el contrario, sufre un importante tajo la dotación destinada a los viajes del personal del Consejo, que motivaron la dimisión de Dívar. Se reduce un 43%, de 390.000 a 220.000 euros.

Sobre el decreto de recortes del Gobierno a funcionarios públicos, incluidos los jueces, el Consejo criticó con dureza la reducción de permisos -de 18 a 3 días- y el recorte salarial por las bajas de salud y las licencias por estudios.