Ayala afirma que las sanciones urbanísticas seguirán su curso legal
La edil del PVRE aclara que hasta que no haya PGOU las multas y derribos continuarán como dicta la ley porque defienden un planeamiento justo y real
CHICLANA.Actualizado:Después de la publicación en el BOP, el pasado 17 de julio, de la orden de demolición de una vivienda irregular en el Pago Melilla, ratificado por la actual delegada de Urbanismo, Marisol Ayala (PVRE), ha quedado claro que se trataba de la notificación de una resolución, «una comunicación exigida por la ley y que, en caso de no llevarla a cabo, se incurriría en un delito de prevaricación».
Además, recordó que el expediente era de 2007, época en que gobernaba la ciudad José María Román (PSOE).
También Ayala informó, según se recoge en la resolución, de que «el afectado tiene la oportunidad de acudir al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo».
Por otra parte, la edil del PVRE señaló que su grupo defiende «un planeamiento justo y acorde con la realidad urbanística del municipio». Añadiendo que el partido responde a «la inquietud generada por la barbaridad planteada años atrás.
Con esto, Marisol Ayala aclaró que mientras no exista un PGOU estable, «todas las personas que tengan una sanción urbanística deben saber que éstas continuarán con su curso legal».