Rajoy convocará la Conferencia de Presidentes a instancias de Griñán

El crítico momento por el que atraviesa España hace indispensable la colaboración de todas las administraciones. Esa es la conclusión a la que parecen haber llegado ayer Mariano Rajoy y José Antonio Griñán, durante la entrevista de hora y media que mantuvieron en la Moncloa, y que tuvo como resultado más relevante el compromiso del jefe del Ejecutivo de convocar para septiembre una Conferencia de Presidentes que aborde las necesidades de ajuste presupuestario y las prioridades del escaso gasto público. Rajoy aceptó con este compromiso la reiterada petición de Griñán para que todos los presidentes -central y autonómicos- se sienten en torno a la misma mesa tres años después de que se celebrase la última cumbre, que acabó en fracaso.

Instauradas en 2004 por iniciativa del entonces recién elegido José Luis Rodríguez Zapatero, la Conferencia de Presidentes se define como el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de foros de cooperación multilateral. Lo cierto es que los avances conseguidos en las cuatro convocatorias anteriores pueden considerarse modestos. La última de ellas, celebrada en diciembre de 2009, se saldó con un sonoro fracaso ante el rechazo de los representantes populares a respaldar la ley de Economía Sostenible y las políticas de empleo impulsadas por el Ejecutivo socialista. El órgano quedó aparentemente herido de muerte, aunque ahora Rajoy parece dispuesto a recuperarlo.

Según especificó Griñán tras la entrevista, la conferencia de septiembre tendrá como objetivo fijar unas líneas de actuación comunes para enfrentarse a la situación económica. «Luego -explicó- cada autonomía será libre de escoger el camino que crea adecuado para alcanzar ese objetivo, algo que lógicamente causará discrepancias dependiendo de las posiciones políticas de cada uno, aunque estas deberán ser siempre leales». El dirigente socialista aludió en concreto a la educación -«recortar en ella es un error político»-, a la sanidad y a la lucha contra el fraude fiscal, social y laboral como elementos donde debe instaurarse una política común. «Las distintas administraciones debemos unirnos para mostrar la fortaleza del país y acabar con la irracionalidad que existe en los mercados sobre el valor real de España».

Descarta el rescate

Andalucía y País Vasco, únicas comunidades junto a Asturias gobernadas por el PSOE, son las que han plantado cara con mayor beligerancia a la política de recortes del Partido Popular. Una oposición que incluye recursos ante el Tribunal Constitucional a cuenta de la subasta de medicamentos o el copago sanitario. Pero los habituales enfrentamientos entre el Gobierno central y andaluz quedaron ayer al margen de la conversación entre Rajoy y Griñán. El presidente andaluz tendió la mano al jefe del Ejecutivo y confesó su sensación de haberse sentido escuchado en sus reivindicaciones. «Esta ha sido una reunión positiva, franca, amable, y de cooperación», dijo.

Uno de los mensajes que trasladó al presidente del Gobierno es que Andalucía no acudirá, «de momento», al Fondo de Liquidez Autonómica. Sin embargo, dejó abierta la puerta a recurrir al mecanismo de financiación, al que ya han anunciado que pedirán su adhesión la Comunidad Valencia, Murcia y Cataluña, si se da el caso de que los mercados les exigen unas condiciones para el crédito que no puedan asumir.

En el lado de los desencuentros, Griñán reprochó a Rajoy cómo ha distribuido el esfuerzo para reducir el déficit. El presidente andaluz, como buena parte de las autonomías, reclamó que el punto de respiro en el cumplimiento del objetivo de déficit que concedió la UE a España no sea absorbido en exclusiva por la administración central, sino que se reparta en un 60% para esta y en el 40% restante para las comunidades. Esto permitiría relajar la presión financiera sobre los gobiernos regionales, que están obligados a reducir su déficit hasta el 1,5% en 2012 y el 0,7% en 2013. Según las cuentas de la Junta, la revisión del reparto elevaría los objetivos autonómicos hasta el 2,3% en este ejercicio y el 1,8% en el siguiente.