Basuras

Los trabajadores de la concesionaria municipal de recogida de basuras en Cádiz perdieron la razón de sus reivindicaciones el pasado miércoles, justo un día antes de que empezara la Gran Regata. Su reclamación es justa, indiscutible y, sobre todo, legal. Sin embargo, no han controlado los tiempos de su protesta. Cualquier huelga sectorial se convoca en un momento clave para tener más repercusión social y forzar con ello un acuerdo rápido que evite mayores perjuicios. De esta forma, los barrenderos de Cádiz habían puesto el punto de mira de su protesta en la Gran Regata 2012 que albergaba la ciudad desde el jueves. La plantilla firmó hace cuatro años con la empresa adjudicataria del servicio, la ute Sufi-Cointer, la regulación salarial mediante la cual, la dirección se comprometía a una subida del 4,4% en 2012. Este documento, donde ambas partes estamparon su firma, es el que sirve de aval a la plantilla para exigir el cumplimiento de aquel compromiso que ahora se pretende regatear con la excusa de la crisis. Es el mismo derecho que asiste a los extrabajadores de Delphi a la hora de exigir lo que es suyo. No olvidemos que la Junta firmó un contrato con los exdelphi en 2007 mediante el cual se comprometía a darles formación remunerada hasta su recolocación. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito permanece y prevalece. ¿Qué pasaría si el que tiene una hipoteca con el banco decidiera un buen día cambiar y eludir sus responsabilidades? El banco actuaría con todas sus armas legales y pondría el caso en manos de los tribunales. Pero, dónde ha estado el error táctico de los basureros de Cádiz. Muy sencillo. En poner en jaque a los vecinos con su protesta, en empañar un acto en el que Cádiz había depositado muchas esperanzas económicas como era la Gran Regata y, sobre todo, en apuntar al Ayuntamiento en sus críticas. No hay que olvidar que el conflicto es un contencioso entre empresa y trabajadores, donde el Ayuntamiento es quien paga una contrata para cumplir con un servicio. La misión de la alcaldesa, Teófila Martínez, no es ni siquiera la de mediar. Los trabajadores han decidido, después de cinco días de huelga y 600 toneladas de basuras desparramadas por la ciudad, acudir a los tribunales de Justicia a reclamar lo que es suyo. Si esta decisión la hubieran tomado el pasado miércoles después de dos días de huelga, lunes y martes, se hubieran ahorrado muchos problemas. Al final, lo que ha quedado en la retina de los vecinos es que se trata de un sector bien pagado, gracias a la artimaña municipal de publicar en prensa sus retribuciones, que son insolidarios, por reclamar en los tiempos que corren una subida salarial de ese calibre, y antigaditanos, por haber destrozado con su protesta el evento de la Regata. La huelga salvaje que ha vivido Cádiz durante cinco días resulta ahora estéril para los intereses de la plantilla, que han perdido unos 180 euros de media por esta acción de protesta que ha terminado en los tribunales. Pasará mucho tiempo hasta que el juzgado dictamine, pero lo que nadie olvida es el daño que se le ha hecho a la ciudad en un momento de especial importancia para su proyección internacional. La sinrazón de los trabajadores ha anulado incluso su voluntad de renunciar a un pellizco de la subida pactada y aceptar un incremento del 2,4%. La siguiente cita de relevancia en Cádiz es la Cumbre Iberoamericana de mediados de noviembre. Confiemos en que el evento no se aproveche para arreglar conflictos que se pueden solucionar por una vía distinta a la huelga.