Los 'exiliados' votarán en Euskadi y Navarra si prometen que se fueron por «presión» de ETA

El Gobierno ya tiene en su poder el informe consultivo que esperaba para poder iniciar la reforma que permitirá a los ciudadanos vascos y navarros que se marcharon por la «presión» del terrorismo volver a votar en esas comunidades. Eso sí, ni el Ejecutivo ni el PP pisarán el acelerador para activar los procedimientos de urgencia en el Parlamento para que el cambio legal pueda ser utilizado en las próximas elecciones vascas porque, tal y como explicó el ministro del Interior, Jorge Fernández, no quieren que les acusen de «alterar el censo con motivaciones partidistas». El Gobierno aspira a pactar la reforma al menos con el PSOE y el PNV, pero si no hay acuerdo el Ejecutivo de Mariano Rajoy la sacará adelante en solitario, teniendo como única base las líneas marcadas ayer por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

El documento del CEPC avala sin matices, el proyecto del Gobierno y del PP vasco. El instituto, incluso, considera acorde con la Carta Magna uno de los aspectos más polémicos que proponía Interior y que el propio Ejecutivo no tenía claro que pudiera tener encaje legal: que los 'exiliados' pueden volver a votar en Euskadi y la comunidad foral sin necesidad de tener que probar de manera fehaciente que, efectivamente, se fueron a vivir fuera porque se sentían acosados por ETA y su entorno y no por otros motivos diferentes, como por ejemplo laborales.

Bastará con la promesa de los aspirantes porque la propuesta del CEPC para reformar la ley electoral (LOREG) destaca el principio de «presunción de veracidad» de esas declaraciones. Habrá «modelos normalizados» en los que los 'exiliados' tendrán que declarar que su «cambio de domicilio» se «debió a la presión de la violencia terrorista». No se exigirán más requisitos.

Cinco años en el padrón

La propuesta presentada ayer por el presidente del instituto, Benigno Pendás, defiende que para tener derecho a ser reinscrito en el censo electoral vasco y navarro bastará haber estado empadronado durante al menos cinco años en esas comunidades entre el 15 de junio de 1977 (fecha de las primeras elecciones democráticas) y el 31 de diciembre de 2011.

El trámite que propone el órgano consultivo es muy simple: el 'exiliado' deberá acudir a la oficina del censo electoral de su zona actual de residencia y rellenar el formulario. De manera «automática» será dado de baja en ese censo y dado de alta en el del último municipio vasco o navarro en el que residió antes de marcharse. La inscripción en el censo -detalla el texto- será válida para todas las elecciones y referendos que se celebren en ambas comunidades.

La reforma en estudio, que afectaría a cinco artículos de la LOREG, fijaría que la inscripción en los censos del País Vasco y Navarra sería indefinida, aunque, a petición del elector, podría ser revocada, aunque solo por una vez. Es decir, si uno pide inscribirse en el censo de estas dos comunidades y luego se da de baja, no podrá pedirlo por segunda vez.

La propuesta de la comisión es que, tras la aprobación de la reforma, debería abrirse un plazo de entre seis meses y un año para reclamar la inscripción. Terminado ese tiempo, ya nunca más podría reclamarse el alta en los censos vascos y navarros sin residir en estas comunidades.

El texto no es concluyente en cuanto el derecho de los descendientes de los 'exiliados'. Varios de los 20 juristas y catedráticos que han participado en la confección del borrador defienden incluir en el censo los hijos de las personas que se marcharon si logran probar que estuvieron empadronados durante cinco años cuando eran menores.

El Gobierno, que desde hace meses estaba convencido de sacar adelante esta reforma, tras el espaldarazo de centro de estudios ve ahora perfectamente «viable» el cambio en la LOREG, en palabras de Fernández Díez, quien no ocultó su «enorme satisfacción» por el contenido del informe que el mismo encargó. «Con esta reforma se reparará una injusticia arrastrada durante décadas de terrorismo», apuntó.

Fernández quiso dejar claro que, aunque el texto va a ser la guía de la modificación legal, el documento presentado por el centro de estudios puede sufrir modificaciones en el trámite legislativo. Sobre todo, habida cuenta de que «por razones obvias» el Gobierno y los populares quieren tener el apoyo, al menos del PSOE y PNV, aunque también tratarían de ganarse el apoyo de otros grupos. El PP va a hablar con todos los partidos excepto Amaiur.

El ministro insistió en que el Ejecutivo considera más importante el consenso que las prisas. «No estamos pensando en las próximas elecciones, estamos pensando en las próximas generaciones», explicó antes de negar cualquier fin «electoralista». «No tenemos un interés cortoplacista de vuelo gallináceo», apuntó de forma gráfica, antes de garantizar que el Ejecutivo no va a recurrir a la tramitación urgente, lo que hubiera recortado los plazos hasta el punto de llegar a tiempo a los comicios vascos aunque Patxi López los adelante al próximo otoño. Jorge Fernández se negó en redondo a especular con el número de personas que podrían pasar a engrosar los censos. Foro de Ermua asegura que son 200.000 ciudadanos, pero el ministro insistió en no adelantar estimaciones.