Cataluña reclama una Hacienda propia similar a la de Euskadi

Tras meses de negociación y un día después de que la Generalitat anunciara que recurrirá al fondo de liquidez autonómico, el Parlamento catalán aprobó una propuesta de nuevo modelo de financiación con la que reclama al Estado una Hacienda propia, similar al concierto económico de las tres provincias vascas y la comunidad de Navarra.

El proyecto de pacto fiscal catalán, que el presidente Artur Mas pretende negociar con el Gobierno central a partir de septiembre, para tener una respuesta antes de final de año, reclama una Agencia Tributaria catalana, bajo la tutela de la Generalitat, que tenga el control absoluto -exacción, gestión, recaudación, liquidación, revisión, sanción e inspección- de todos los impuestos que pagan los catalanes. Se trata de la tan manida Hacienda propia, apoyada por una amplia mayoría (CiU, ERC e ICV) en la votación de ayer. El PSC -que ha tenido agrias negociaciones con el PSOE- se abstuvo en este punto clave de la propuesta, si bien respaldó prácticamente el resto de los artículos de los que consta el nuevo sistema que reivindica el Ejecutivo catalán.

En el caso del PP, votó 'no' a que Cataluña tenga la llave de la caja y se abstuvo en buena parte del resto de propuestas.

El nuevo modelo, que plantea un vuelco de 180 grados con el actual, supondría salir del régimen común de las comunidades autónomas. La Generalitat defiende que es 100% constitucional, ya que entiende que para que Cataluña pueda salir del régimen común por el que se rigen las finanzas de las autonomías únicamente es preciso reformar la ley de financiación autonómica y no hace falta tocar la Carta Magna. Y además considera que salir del régimen común no significa, según expresó Mas ayer, que el modelo sea insolidario y mucho menos que le vaya a costar dinero al Estado. El presidente entiende que lo que propone es un cambio político y jurídico, a diferencia de las últimas reformas de los modelos de financiación que aprobaron tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el de José María Aznar. El proyecto ratificado por el Parlament propone el establecimiento de una aportación anual catalana al Estado por el doble concepto de los servicios que la administración central sigue prestando en Cataluña y por la solidaridad respecto a otros territorios, una cantidad que será acordada de forma bilateral. Lo que en Euskadi y Navarra se denomina «el cupo».

Fase decisiva

A pesar de que el debate sobre el rescate de las cuentas catalanas sobrevoló el pleno monográfico que el Parlament dedicó ayer al pacto fiscal, Mas defendió la idoneidad de plantear el cambio de sistema justo ahora, cuando la crisis azota con más virulencia: «Es una necesidad de país», dijo. «Con la mitad del pacto fiscal tendríamos déficit cero», añadió. Para la Generalitat es un «ahora o nunca», porque cree que ha llegado el momento de preguntarle a España si tiene un proyecto propio en el que Cataluña se sienta respetada y tratada con justicia. Y es que, según Mas, de lo que pase con el pacto fiscal se derivarán «consecuencias de gran calado en la relación entre Cataluña y el conjunto del Estado español». Oriol Pujol, de CiU, dijo lo mismo pero con otras palabras: «Si alguna cosa es el pacto fiscal, es la última estación conocida antes de entrar en terreno desconocido».

Con la negociación del nuevo sistema de financiación, por tanto, la legislatura catalana entra en su fase decisiva y puede que también en un periodo de cierta incertidumbre, ya que el Gobierno siempre ha advertido de que si su propuesta recibía un portazo en Madrid, o si las cuentas de la Generalitat eran intervenidas, Cataluña se vería abocada a las elecciones anticipadas. Estos dos escenarios no son descartables a corto plazo, a pesar de que el presidente niegue que acogerse al fondo de liquidez sea un rescate. «De aquí a que en el Govern mande el ministro de Hacienda hay un camino muy largo, antes pasarían muchas otras cosas», avisó Mas. En cuanto al primer supuesto, ni siquiera la Generalitat puede mostrarse un poco optimista de que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a ser receptivo a sus reivindicaciones.