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Practicar ejercicio físico con regularidad también contribuye a mantener un equilibrio mental y anímico./ Archivo
SALUD

Los gimnasios reclaman el IVA superreducido por considerar el ejercicio beneficioso

Alertan de que la subida del 8 al 21% hará que se pierdan 4.000 puestos de trabajo y se cierren unas 800 instalaciones deportivas en todo el país

J. L. ALVÁREZ
MADRIDActualizado:

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid) reclama al Gobierno que los servicios que dispensan en sus instalaciones sean gravados con el IVA superreducido del 4%, en lugar del impuesto del 21% que entrará en vigor en septiembre. Esta organización, que representa a un sector que cuenta con cerca de 16.000 instalaciones de toda España y emplea a unas 75.000 personas, manifiesta su desacuerdo con el aumento de la carga impositiva, que "no hará sino asfixiar, aún más, a un sector que ya se ha visto muy afectado por la pérdida de clientes derivada de la crisis económica".

La Federación apoya su reivindicación en lo dispuesto en la Directiva 2009/47/CE, cuyo fin es favorecer aquellas actividades que tengan como fin proporcionar salud y bienestar, como es el caso. Según los datos que maneja FNEID, cerca de nueve millones de personas en España practican ejercicio físico en instalaciones deportivas, con lo que un aumento de este gravamen para los consumidores «tendrá unas devastadoras consecuencias sobre la salud y sobre el gasto sanitario, puesto que la patronal estima que el número de usuarios disminuirá en un 11%». Así, estima que cada euro invertido en actividad física representa un ahorro de 2,9 euros en gasto sanitario y farmacéutico, al reducir el riesgo de padecer enfermedades generadas por el sedentarismo y el estilo de vida del siglo XXI, tales como la obesidad, el colesterol, la diabetes, osteoporosis o dolencias cardiovasculares.

Además, subraya, que practicar ejercicio físico con regularidad también contribuye a mantener un equilibrio mental y anímico, al reducir los niveles de estrés y ansiedad.

La organización empresarial de centros deportivos estima que de no revocarse la decisión, el sector perderá más de 4.000 puestos de trabajo y se cerrarán unas 800 instalaciones deportivas. Esto se unirá a la «dramática situación» por la que atraviesa el sector desde que comenzó la crisis, que ha ocasionado el cierre de más de 700 instalaciones deportivas privadas y la desaparición de unos 3.600 empleos directos.