El Banco de España confirma que la recesión se agudiza

Todo lo que va mal es susceptible de empeorar. La afirmación es válida para la economía española que agudizó su recesión en el segundo trimestre de 2012 con una caída del 0,4%. Esto supone una décima más que la contracción del 0,3% de los tres primeros meses del año y del final de 2011. La disminución del consumo privado por el aumento de la presión fiscal y la reducción del gasto público por los severos planes de ajuste son los culpables de estos números rojos del PIB, según se desprende del informe trimestral del Banco de España publicado ayer.

El mayor problema es que este círculo vicioso no tiene visos de mejorar en el futuro, sino todo lo contrario, como el propio Gobierno explicó en la presentación del cuadro macroeconómico. Pero además, el organismo que dirige Luis Linde cree que los recortes del Ejecutivo pueden resultar «insuficientes» para cumplir con el objetivo del 6,3% de déficit para este año pactado por Bruselas.

Prácticamente todos los datos del informe del regulador son negativos. El consumo de las familias retrocedió un 0,5%, frente al 0,1% del trimestre anterior. Este mal comportamiento se debió al aumento de los impuestos y también al delicado estado del mercado laboral. De hecho, la destrucción de empleo aumentó a un ritmo del 4,6% interanual. Pese a una ligera mejoría en los últimos meses, el Banco de España pide prudencia, más si cabe después de que el Gobierno anunciase una previsión de desempleo del 24,6%. Además, la prolongación de la crisis sigue afectando a la hucha de los hogares, que se ha reducido un 0,8% entre abril y junio hasta el 10,8%. Una de las pocas noticias positivas del boletín tiene que ver con la demanda exterior, que logra un crecimiento del 0,8%.

Las empresas también continúan con los ajustes con una disminución en la compra de bienes y equipos del 2,2% en el segundo trimestre del año. Con estos indicadores la demanda nacional se contrajo un 1,2% entre abril y junio en gran parte por la menor inversión pública. Y es que las administraciones, inmersas en sus planes de austeridad, lastran el consumo interno del país.

Sin embargo, el Banco de España apunta a la existencia de «riesgos considerables» para el cumplimiento de los objetivos de déficit este año por la «debilidad de los ingresos públicos». Y eso a pesar de que la UE flexibilizó la cifra del 5,3% al 6,3% y a que el organismo regulador reconoce el esfuerzo del Gobierno al aprobar un duro paquete de recortes por valor de 65.000 millones de euros durante los próximos dos años y medio. Sin embargo, el Banco de España considera que la evolución de los datos de recaudación hacen dudar de las previsiones del Ejecutivo.

Planes de ajuste

De hecho, los ingresos por IVA cayeron hasta mayo un 10,1% respecto a 2011. El incremento de este tributo del 18% al 21% en el tipo general y del 8% al 10% en el reducido agravarán el consumo, aunque confía en que solo afecte «parcialmente a los precios» debido al entorno recesivo. Los impuestos especiales también reducen su aportación un 2,8%. Solo el IRPF, un tributo directo y por tanto ajeno a los hábitos de consumo, logró un aumento del 0,8%.

Para cumplir con Bruselas el organismo asegura que las administraciones públicas deben ejecutar «estrictamente» los planes de ajuste. Y para ello recuerda que la Ley de Estabilidad Presupuestaria es una magnífica herramienta para controlar los desequilibrios de las cuentas públicas con «mecanismos de sanción o incluso la intervención de la administración que no respeta las metas». Una clara advertencia a las comunidades autónomas, verdaderas causantes del temor de España en los mercados. Y es que la entidad central no duda en admitir que España genera «incertidumbre» en el exterior e inestabilidad en la zona euro. Y pone el foco en las dudas desatadas por el sistema financiero que la entidad reguladora considera deben ser disipadas con la ayuda europea de hasta 100.000 millones.

Además, el Banco de España insta al Ejecutivo a «acelerar los avances en el ámbito de las reformas estructurales, liberalizando sectores con un grado de competencia insuficiente y reducir las trabas administrativas» para amortiguar el efecto negativo de la presión fiscal y lograr una mejora de la productividad en el medio y largo plazo.