Torres-Dulce quiere imponer un férreo control en la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quiere cambiar algunos vicios adquiridos en el funcionamiento del Ministerio Público que no le gustaban. Medio año después de llegar al cargo ha metido la mano en un trámite de «extraordinaria trascendencia» para el órgano acusador: las cuestiones de inconstitucionalidad que se plantean en los procesos judiciales sobre nuevas leyes de trascendencia social, como el aborto, el matrimonio homosexual o la violencia de género.

En una instrucción interna remitida a finales de junio a los fiscales les ordena que, «por imperativo legal», pasen por sus manos estas alegaciones antes de remitirlas al Tribunal Constitucional. «Será requisito indispensable recabar mediante un informe la conformidad de esta Fiscalía General», señala en una de las conclusiones del escrito. La justificación que da Torres-Dulce es la necesidad de unificar criterios y subsanar «deficiencias» técnicas, ya que «en ocasiones se omite el informe o se contesta por medio de fórmulas estereotipadas; y en otras ocasiones se ha informado sin la previa y preceptiva consulta a la Fiscalía del Constitucional».

Para ello trae a colación una circular de 1999 sobre la intervención del fiscal en las cuestiones de inconstitucionalidad en sede judicial, en la que se daba unas «pautas precisas» sobre el papel central del fiscal general en este ámbito. Un funcionamiento que cayó en desuso en los años siguientes.

Algunas fuentes fiscales interpretan esta instrucción de Torres-Dulce, firmada a 27 de junio, como una manera de controlar las alegaciones que sus subordinados remiten al alto tribunal sobre las dudas legales que plantea la interpretación de las leyes en procesos civiles, penales, contencioso-administrativos o laborales.

Sorprende, de la misma forma, que esta orden llegue dos días antes de que el propio Torres-Dulce abogara en una conferencia en la Universidad de Santander por la necesidad de modificar el Estatuto de la Fiscalía para limitar internamente «los poderes del fiscal general».

Propuso para ello un sistema de «controles y contrapesos» desde dentro del órgano acusador, pero sin que ello afectase al principio de dependencia jerárquica. Es decir, la extensión piramidal del poder en el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado.

Suspensión

Las cuestiones de inconstitucionalidad son un mecanismo de conexión entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional. Según la ley orgánica, son los jueces y tribunales quienes las promueven cuando consideran que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución.

El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese. El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad tiene efectos inmediatos, ya que supone la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su admisión.

Antes de adoptar una decisión, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 10 días puedan alegar lo que deseen. Seguidamente, el juez resolverá en el plazo de tres días.

En los últimos años hay ejemplos de impugnaciones de leyes de calado público, como la ley de violencia de género, aprobada en 2004. En aquel caso, el Constitucional admitió 127 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces por la posible vulneración del principio de igualdad que recoge el artículo 14 de la Carta Magna. Esos procesos judiciales estuvieron paralizados hasta que el alto tribunal avaló la ley en mayo de 2008. Y se referían a cuestiones tan trascendentes como el aumento de la pena en caso de que el maltratador fuera varón.