Judicatura molesta

El 'caso Dívar' se ha saldado con un resultado inesperado: como hoy explica la todavía portavoz del CGPJ, por primera vez este organismo ha elegido a su presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, sin interferencias. Y ello ha dado al Consejo una vitalidad que le permite afrontar con arrojo los problemas que se le plantean a la judicatura. Por un lado, los planes de reforma del Poder Judicial que ha presentado Gallardón, que pretenden rebajar el rango del consejo -solo el presidente tendría dedicación exclusiva- y volver a la polémica elección directa de doce de sus integrantes por los propios jueces; por otro lado, la reducción salarial, que como también dice Gabriela Bravo, afecta «a la dignidad de la carrera judicial». En este marco, el pasado lunes, en un gesto inédito, se concertaron todos los colectivos de jueces y fiscales para combatir los planes del ministro, con la amenaza de adoptar medidas de presión y hasta una huelga como la de febrero de 2009. La propia asociación mayoritaria ha dicho del borrador de Gallardón que es «una mascarada que desmantela la independencia» del Consejo. La guerra está declarada y no parece que al Gobierno le convenga ganarse más enemigos.