La Comunidad Valenciana no pierde tiempo para acogerse al fondo de rescate autonómico

El Gobierno de la Generalitat valenciana no se lo ha pensado demasiado. Un día después de que el Congreso convalidara la creación del nuevo fondo de liquidez autonómica, el Consell se apresuró a anunciar que solicitará su ayuda para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que le quedan este año y a los compromisos adquiridos con los proveedores. Es la primera autonomía que da este paso, pero sin duda no será la única. Muchas otras, entre ellas, Cataluña y Castilla León han dejado claro en los últimos meses que esperaban un mecanismo de este tipo como agua de mayo para poder seguir funcionando.

La ayuda no será ni mucho menos gratis. Aunque tanto el Gobierno central como el autonómico se niegan a emplear el término 'rescate', la fórmula que sigue el nuevo fondo es muy similar a la que la Unión Europea ha empleado para evitar el hundimiento de Grecia, Portugal e Irlanda. El préstamo, con el que, entre otras cosas, la Comunidad Valenciana aspira a ir saldando sus deudas con las farmacias (a las que debe ya unos 500 millones de euros) llevará aparejadas duras exigencias fiscales.

El incumplimiento de los planes de ajuste puede conducir a la intervención de la comunidad y, en última instancia, el Estado podrá retener las transferencias que correspondan en aplicación de la ley de financiación autonómica.

El vicepresidente del Ejecutivo valenciano, José Císcar, sin embargo, hizo hincapié solo en lo positivo. Se negó a concretar qué cantidades solicita y escondió qué es lo que se le pide a cambio. Solo subrayó que se contará con un dinero sin el que, según dijo, se habrían tenido que 'tocar' políticas sociales. Pero nadie garantiza que a la larga no vaya a tener que hacerlo igualmente. Al margen de este nuevo préstamo -que se suma al crédito ICO de 1.022 millones solicitado en enero, los 1.670 millones pedidos poco después para pagar a los bancos y los 4.069 millones del plan de proveedores- la valenciana es una de las autonomías a las que Hacienda ha llamado a capítulo para que enderece el rumbo del déficit.

De los más de 15.000 millones de vencimientos de deuda a los que se enfrentan las comunidades de aquí a final de año, a esta comunidad le corresponden alrededor de 3.000, según los planes de estabilidad financiera remitidos al Ministerio de Hacienda. Pero no es la única que está en una situación crítica. Cataluña, que tiene pendientes de amortizar créditos por unos 6.000 millones de aquí a final de año, reconoce abiertamente que su liquidez depende en estos momentos del Tesoro español.

Mal momento

El problema es que el Tesoro, que tiene que aportar al fondo de rescate 12.000 millones de los 18.000 millones con los que estará dotado (6.000 corresponden a un crédito de Loterías del Estado), tampoco está en su mejor momento. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró el pasado viernes que no tiene intención de modificar el calendario de emisiones de deuda para poder aportar la cantidad prevista. Lo cierto es que con la prima de riesgo al nivel al que cerró ayer, 610 puntos básicos, y el bono a diez años con un interés del 7,27% está en cuestión que España pueda siquiera salir a los mercados.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se esforzó aun así por dar sensación de que la situación aún puede ser controlada. Tras el Consejo de Ministros, aseguró que los encuentros (virtuales) mantenidos con una decena de comunidades para intentar reconducir sus cuentas van por el buen de camino. «Pero no vayamos a relajar», matizó a continuación.

Si la semana próxima el Ejecutivo entiende que continúan los riesgos de que alguna no vaya a cumplir el déficit del 1,5% para este año, empezarán las medidas coercitivas.