La oposición denuncia que el fondo de liquidez acabará con las autonomías
El Gobierno deja en manos de su partido la defensa del decreto en el Congreso, que fue aprobado solo con los votos populares
MADRID.Actualizado:Toda la oposición parlamentaria, desde el PSOE e IU a los nacionalistas e independentistas, coincidió ayer en denunciar que el fondo de liquidez creado por el Gobierno para garantizar que las comunidades puedan afrontar el pago de su deuda pública es en realidad un instrumento que va a acabar en la práctica con el Estado de las autonomías.
Los esfuerzos del portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte, por rechazar esta lectura y desmentir que el fondo vaya a quitar autonomía a las comunidades no solo no convencieron a nadie sino que incluso despertaron sospechas en CiU, grupo que pensaba votar a favor del mecanismo y que terminó por abstenerse después de escucharle.
El resultado fue que, contra pronóstico, el real decreto que establece las condiciones para que las comunidades reciban la ayuda financiera del Estado tuvo que ser ratificado con los únicos votos del PP y de su socio UPN. El PSOE, IU y el resto de la izquierda minoritaria, los nacionalistas canarios, los independentistas de ERC, BNG y Amaiur, e incluso el Foro Asturias rechazaron la ley.
El PNV se abstuvo solo porque no daña al concierto vasco, y UPyD adoptó igual postura, pese a estar en desacuerdo, solo por no hacerse «responsable» del colapso financiero de las autonomías aunque piensa que el mecanismo no es más que otro «parche» que evita entrar en el fondo, que es que el actual Estado de las Autonomías es «inviable» y hay que cambiarlo.
Todos los partidos del Congreso están de acuerdo en la bondad del objetivo principal del fondo, crear un mecanismo, respaldado por los presupuestos del Estado, que permita a las comunidades afrontar los vencimientos de su deuda y de los nuevos créditos que necesitan para sufragar el déficit de sus cuentas para este año. Hasta 18.000 millones de euros en 2012. Algo indispensable en un momento en el que el mercado financiero o no da créditos o los ofrece a tipos tan altos que son impagables, por lo que sin la ayuda estatal podrían entrar en suspensión de pagos. Sin embargo, la discrepancia está en las condiciones que el decreto impondrá a las autonomías que soliciten al Ministerio de Hacienda beneficiarse del crédito a través de este mecanismo.
Excluidos o tutelados
Con más o menos matices, todo el arco parlamentario, salvo el PP, cree que en realidad el Gobierno ha diseñado un plan de rescate al estilo del de Grecia o Portugal, en el que si los gobiernos regionales no están dispuestos a aceptar los duros recortes o ajustes que les exigirá se quedarán sin crédito y, en caso contrario, serán ejecutivos «tutelados» o incluso «intervenidos», que perderán la autonomía política y económica.
Pero además, el PSOE y el resto de formaciones de izquierda consideran que también es un mecanismo «ideológico» que, por la puerta de atrás, va a desmantelar el Estado de bienestar, ya que son las comunidades las que gestionan el 70% de los servicios sociales, principalmente educación y sanidad, que integran la casi totalidad del presupuesto que tendrán que recortar. Creen que, de hecho, por esta vía el Gobierno de Mariano Rajoy impondrá los ajustes que podrían intentar pelear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y también políticas recentralizadoras de competencias.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, se limitó a una breve intervención inicial en la que describió el decreto y eludió luego debatir con los grupos, algo que había hecho antes y durante más de tres horas, su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el plan de recortes.
De forma atípica, la defensa del proyecto recayó en el PP, que a través de Pujalte fue quien contestó al PSOE, para enfado de su portavoz, Pedro Saura. Después de acusar al socialista de una política «rastrera», dijo que el decreto no ataca el Estado autonómico, sino que «sale al rescate de las autonomías; salimos en defensa de las partes, pero desde la soberanía nacional que está aquí [en el Congreso]». «Lo que hacemos es viable un proyecto de España con autonomías razonables, que gestionen bien y hagan bien sus servicios», sintetizó Pujalte.