El Poder Judicial se decanta por el progresista Moliner para frenar las reformas de Gallardón

La unión de fuerzas entre vocales de distinta sensibilidad aupó ayer a Gonzalo Moliner, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a la cúspide judicial en sustitución del dimisionario Carlos Dívar. En su elección como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no primó tanto su ascendiente progresista -fue secretario de Jueces para la Democracia-, como su capacidad para plantar cara al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ante su anunciada reforma del órgano de gobierno de los jueces.

Tras dos plenos y más de veinte horas de deliberaciones fallidas, los vocales del Consejo al fin consiguieron prender la 'fumata' blanca. En apenas diez minutos de debate se llegó al consenso y el nombre de Moliner cosechó los 12 votos necesarios para acceder a la presidencia, un sillón caliente tras la polémica salida de Dívar y los cambios legales que planea Gallardón para enfado de las asociaciones judiciales.

«Estoy ilusionado porque todos hacemos falta, y con miedo porque la cosa puede ser compleja. No obstante, creo que en el Consejo podemos actuar la mar de bien», afirmó Moliner (Fuente la Reina, Castellón, 1944) al llegar a la sede de la institución para conocer a los vocales.

Su elección llegó en segunda votación, ya que antes se rechazó la candidatura del juez del Supremo José Ramón Ferrándiz, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Ferrándiz, magistrado de la Sala de lo Social del Supremo, era el favorito en las quinielas, pero se quedó en nueve votos.

Sus apoyos llegaron de cinco vocales miembros de la APM, Manuel Almenar, Miguel Collado, Pío Aguirre, Antonio Montserrat y Gemma Gallego, y de tres de la progresista Jueces para la Democracia, Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán, más el representante de CIU, Ramón Camp.

Tras su fallida elección, el vicepresidente Fernando de Rosa, también conservador y miembro de APM, propuso a votación el nombre de Moliner, avalado por el vocal progresista Miguel Carmona. Entonces llegó la sorpresa. Los que se habían decantado por Ferrándiz, salvo Camp, no dieron su voto al aspirante. Votaron en contra los cinco conservadores y se abstuvieron los tres progresistas, pero el resto, doce vocales, dio su apoyo a Moliner. Se trató de un grupo heterogéneo de vocales con distinta procedencia, unos representan a la judicatura, otros a la Fiscalía, catedráticos de derecho o secretarios judiciales, y sensibilidad política diversa: conservadores, progresistas y nacionalistas.

Entre esos doce vocales estuvieron cuatro afines al PP, De Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández; dos fiscales progresistas, Gabriela Bravo y Almudena Lastra; los miembros de Jueces para la Democracia disidentes de la línea Robles, Miguel Carmona y Carles Cruz; los dos nacionalistas, Margarita Uría y Ramón Camp; el miembro de la asociación Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela, y el inclasificable José Manuel Gómez Benítez.

Esta inesperada confluencia contrarrestó el poder del tándem Almenar-Robles y, por ende, de las asociaciones judiciales con más peso en el Consejo y que se han repartido estos años los nombramientos de los altos cargos de la judicatura. Sin embargo, las buenas palabras dominaron ayer incluso entre aquellos que no votaron a Moliner, ya que en cierto modo su elección también colma su interés común de combatir a Gallardón. El ministro pretende reformar a fondo la estructura del Poder Judicial y quitarle poder a las asociaciones.

Desmantelamiento

Sobre este aspecto, Moliner quiso ser cauto en sus primeras palabras: «No creo que se esté desmantelando el Poder Judicial o que el Gobierno tenga esa intención». Por su parte, el propio Gallardón aseguró que con Moliner se cierra una «crisis institucional» y ofreció «toda su colaboración» para trabajar conjuntamente en las «grandes tareas pendientes» para que la Justicia sea «competitiva».

De entre Ferrándiz o Moliner, Gallardón prefería que se hubiera quedado Dívar, pero como no pudo ser prefería a Moliner. Y es que en su fuero interno entendía que el conservador Ferrándiz hubiera sido un hueso más duro de roer que el nuevo presidente para negociar sus reformas. No obstante, asume que la procedencia 'asociacionista' de Moliner va a estar muy presente cuando comiencen las reuniones con el ministerio, según explican fuentes judiciales.