La Fiscalía ignora la demanda de excarcelación de la etarra Del Río

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone de forma rotunda a la excarcelación de la etarra Inés del Río, cuya puesta en libertad reclamó el 10 de julio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La corte de Estrasburgo consideró que a la exmiembro del 'comando Madrid' se le aplicó de «forma irregular», por hacerse de forma retroactiva, la 'doctrina Parot', lo que pospuso de 2008 a 2017 su puesta en libertad. Del Río fue condenada a más de 3.000 años de cárcel por, al menos, 28 asesinatos.

El jefe del Ministerio Público en la Audiencia, Javier Zaragoza, reclamó a la Sala de lo Penal que desoiga la petición del Tribunal de Derechos Humanos (TEDH), que reclamó la liberación «en el plazo de tiempo más breve posible» y que fuera indemnizada con 30.000 euros.

En un escrito en el que responde a los abogados de Del Río, que ya han pedido que se haga efectivo el fallo de Estrasburgo, Zaragoza alega que la decisión del tribunal internacional es solo «declarativa» y que «únicamente el Tribunal Constitucional tiene la facultad de ordenar» la «suspensión de ejecución» de la condena.

Para la Fiscalía, el carácter «declarativo» de los fallos de Estrasburgo implica que es el «Estado afectado quien tiene que elegir, bajo la supervisión del Consejo de Ministros, las medidas a adoptar». «El sistema europeo de protección de los derechos humanos no contempla como necesario el carácter ejecutivo de las sentencias del TEDH», esgrime el fiscal.

El escrito explica asimismo que la corte europea «excepcionalmente» podía haber «ordenado» la inmediata excarcelación de la etarra sin dejar «ninguna elección» a España y, sin embargo optó solo por instar su excarcelación. Estrasburgo, insiste el documento del fiscal jefe, no ordenó la ejecución provisional de su fallo por lo que «no procede acordar la puesta en libertad solicitada».

Sin marco legislativo

Y todo ello, además del hecho de que la sentencia aún no es firme pues no han pasado los tres meses para que las partes puedan recurrir ante la Gran Sala. De hecho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través de la Abogacía del Estado, ya ha anunciado que va a apelar el fallo.

El argumentario del Ministerio Público en contra de aplicar la sentencia no acaba ahí. Aunque llegara a ser firme ese fallo, la Fiscalía no estaría de acuerdo con ejecutarlo. Recuerda que en España no hay un marco legislativo que detalle cómo y qué órgano debe aplicar las sentencias del tribunal de Estrasburgo, por lo que, entiende Zaragoza, debería ser el Constitucional la instancia que decida qué hacer en el supuesto de que la Gran Sala confirmara la resolución que ordena excarcelar a la etarra. En cualquier caso, apunta el paso anterior sería presentar un incidente de nulidad de actuaciones «ante al órgano judicial que dictó la resolución recurrida», o sea la Audiencia Nacional.

«Ese será el momento, y no otro, de plantearse la puesta en libertad de la penada Del Río Prada». Mientras no se den todo estos requisitos, sostiene el fiscal, la resolución que mantiene a la exmiembro del comando Madrid entre rejas es firme.