ESPAÑA

El Congreso zanja el «¡Que se jodan!» con una reprimenda a Andrea Fabra

La diputada del PP acepta por escrito que cometió «un error» y pide perdón a la cámara por su «inapropiada expresión»

MADRID. Actualizado: Guardar
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El Congreso dio ayer por zanjado el escándalo desatado por el «¡Que se jodan!» gritado por Andrea Fabra mientras Mariano Rajoy desgranaba hace una semana en el pleno de la cámara los recortes previstos en las prestaciones de desempleo con una reprimenda a la diputada del PP que lanzó el exabrupto.

El presidente de la cámara, Jesús Posada, comunicó ayer al comienzo de la sesión plenaria que había citado a Fabra en su despacho para «amonestarla verbalmente por su conducta totalmente inadecuada». Posada completó la reprimenda con un recado para los diputados que estaban en el hemiciclo. «Espero y deseo -dijo- que hechos como este, que dañan el prestigio de la cámara, no vuelvan a producirse nunca» y pidió que las palabras constasen en el diario de sesiones del Congreso para el conocimiento general.

Andrea Fabra, durante la reunión con el presidente, le entregó una carta para que hiciese llegar al grupo socialista y a los demás grupos parlamentarios su «sincera petición de perdón» por su «inapropiada expresión», e insistió en que, pese a todo, iba dirigida a los escaños del PSOE y no al colectivo de parados. Fabra reconoció que cometió «un error» por el que no se siente «honrada», pidió a todos «disculpas» por dañar «la dignidad, imagen y prestigio» del Parlamento y avanzó su voluntad de «rectificar su conducta» y su propósito de enmienda. La misiva, con fecha de hoy, casi una semana después del incidente, concluye con la promesa de que, «en esta legislatura, no escatimaré esfuerzos para hacer honor a este compromiso».

Ni Jesús Posada, diputado elegido en las listas del PP, ni el propio grupo popular han considerado necesario abrir expediente disciplinario o sancionar a la parlamentaria por su comportamiento, algo que pedían los socialistas e Izquierda Plural. La conducta de la parlamentaria creó además una honda indignación en las redes sociales y fue especialmente denostado en las protestas e trabajadores públicos que se suceden en la calle contra los recortes.

Los populares cambiaron ayer de estrategia y, como minutos después hizo el presidente de la cámara, amonestaron «por escrito y verbalmente» a su compañera porque «no podemos permitir conductas de este tipo en el Parlamento y nos parece que es completamente impropio para el decoro y la dignidad de la cámara», según explicó su portavoz, Alfonso Alonso.

«Ejemplar»

El grupo parlamentario mayoritario, que hasta el viernes pasado no tenía previsto tomar medida alguna contra su diputada, también se comprometió en público a que la conducta de sus representantes sea desde ahora «ejemplar». No obstante, se negó a elevar el tono de su reproche porque consideraron que los socialistas solo perseguían con la campaña contra Fabra «estigmatizar» a los diputados populares.

Horas antes, en las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, tanto el PSOE como IU-Iniciativa per Catalunya-Verds reclamaron medidas más drásticas contra Fabra por considerar «muy grave» su comportamiento. Los socialistas insistieron en que la diputada incurrió en «una acción injustificable, despectiva y ofensiva contra los parados», indicaron que no es momento para «excusas» y pidieron la suspensión de Fabra en sus funciones como parlamentaria y la sanción máxima del Congreso. Iniciativa, a su vez, requirió a Posada que al menos promoviese para Fabra la reprobación oficial de la cámara.

Pese a que sus reclamaciones no se vieron colmadas, fuentes del grupo socialista se dieron por satisfechas con las excusas y el perdón presentados ante la cámara por la diputada popular por Castellón y por el reconocimiento de su error. Solo lamentaron que la parlamentaria no haya trasladado sus disculpas a los ciudadanos en general y a los parados en particular porque insisten en que el exabrupto del miércoles, diga lo que diga ahora Fabra, no fue dirigido a la bancada socialista sino a los desempleados que iban a ver recortadas sus prestaciones por el decreto del Gobierno.