La Cámara baja renueva el Defensor del Pueblo y el Constitucional

El Congreso eligió ayer a la exministra Soledad Becerril como nueva Defensora del Pueblo y designó a los cuatro magistrados pendientes de renovación desde hace casi dos años en el Tribunal Constitucional y a las personas que ocuparan seis de las vacantes en el Tribunal de Cuentas. La renovación de todos los órganos constitucionales que llevaban años en situación de interinidad fue posible después de que PP y PSOE alcanzasen a finales de junio un pacto sobre los candidatos, tras meses con las negociaciones bloqueadas por intereses partidistas, al que también se sumó CiU.

El consenso de los dos grandes partidos era indispensable porque los nombramientos requieren del respaldo en votación secreta de los tres quintos del Congreso, cifra que resulta imposible sin el acuerdo de los grupos de PP y PSOE. El pacto fue criticado por todos los partidos minoritarios de la cámara, especialmente por PNV y UPyD, que consideran que los dos grandes partidos han vuelto a reducir las renovaciones, sobre todo la del Constitucional, a un reparto de los candidatos a nombrar, mediante un sistema de cuotas por mayorías, para seguir influyendo desde fuera en las decisiones de mayor calado político. Los portavoces de PP y PSOE rechazaron las críticas, ensalzaron el gran perfil de los candidatos y acusaron a las minorías de mantener un discurso «demagógico» y que busca «deslegitimar» unas instituciones fundamentales para el funcionamiento del estado de derecho.

La también exalcaldesa de Sevilla fue elegida Defensora del Pueblo con el respaldo de 264 votos -fundamentalmente del PP y del PSOE- y con 40 sufragios en blanco. Esta votación, como el resto de las de la tarde, tuvo una baja participación -poco más de 300 diputados-, porque faltaron al pleno casi 50. Su nombramiento debe ser ratificado hoy por el pleno del Senado.