Linde admite que el Banco de España no ha vigilado bien el sector en 10 años
El nuevo gobernador aboga por la «liquidación ordenada» y el traspaso de las entidades no viables
MADRID. Actualizado: GuardarEl nuevo gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha llegado al organismo supervisor con el arrojo de un torero a la hora de hablar de la entidad. En su primera comparecencia pública desde su nombramiento, Linde admitió que el Banco de España «no ha tenido éxito en su vigilancia del sector financiero en los últimos diez años». El gobernador, que acudió a la Comisión de Economía del Congreso a presentar el informe anual de la entidad, recordó la anécdota del torero al que un admirador le dijo «maestro, para coronar su carrera sólo le falta morir en la plaza» y el diestro contestó: «Se hará lo que se pueda». Como el torero, Linde dijo a los diputados que él también «hará lo que se pueda» aunque «espera no morir en la plaza».
Por lo pronto, dejó claro los errores cometidos por sus dos antecesores, aunque él también se consideró «responsable de estos fallos». Linde señaló que se actuó «con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado». En concreto, criticó que «para evitar o soslayar las dificultades políticas planteadas desde las comunidades autónomas» se optase por las 'fusiones frías' de las cajas -realizadas en la etapa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez-, que no resultaron eficaces sino que contribuyeron a «retrasar decisiones y ajustes». También se pecó de timidez en la época de Jaime Caruana -de 2000 a 2006- al no haber sido más exigente con las provisiones anticíclicas. Y, por último, casi nadie previó la doble recesión, lo que afectó a la calidad de los test de estrés que el banco llevó a cabo en 2010 y 2011. Por todo ello, «el Banco de España no ha tenido éxito en su vigilancia en los últimos diez años», dijo Linde, y «no nos enfrentamos con la decisión que habría sido necesaria al gran aumento de nuestro endeudamiento y a la contención y corrección del fortísimo deterioro en los balances bancarios».
Sobre las entidades que van a necesitar ayudas públicas, el gobernador explicó que las que no sean viables «habrán de encarar un proceso de resolución o liquidación ordenada». Los planes de recapitalización que presenten las entidades «tendrán que ser realistas y ejecutables en el corto plazo». En caso contrario, las entidades habrán de «demostrar su viabilidad» y acometer un proceso de reestructuración para recibir ayudas públicas. Pero «si alguna entidad no tuviera pulso suficiente para asegurar su futuro», dijo Linde a los diputados, irá a la resolución ordenada como ya se ha hecho con Caja Castilla-La Mancha, CajaSur, la CAM o Unnim.
Guindos contradice
Estas declaraciones entraron en cierta contradicción con las del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien, en otro acto, afirmó que «no hay posibilidad en absoluto» de que alguna entidad financiera española vaya a entrar en un proceso de liquidación. No obstante, Linde precisó después que la contradicción es aparente por un problema semántico y que liquidar «no es cerrar» sino «arreglar la entidad para venderla o que alguien la absorba de forma que los depositantes no sufran». De hecho, durante su intervención repitió varias veces que «de ninguna manera se va a crear un sector bancario público», es decir, que el Estado se desprenderá de todas las entidades intervenidas (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) en cuanto pueda; claro que antes las tendrá que sanear y traspasar los activos tóxicos al banco malo.
El gobernador, que es ya el único español presente en el Banco Central Europeo, descartó que «en las próximas semanas» el BCE vaya a comprar deuda pública en el mercado secundario, una actuación reclamada por el Gobierno español para relajar la prima de riesgo, pero que Linde no cree que sea necesaria «de forma inmediata». Aunque apunto que «no es imposible» que el BCE abra el programa de compra en el futuro.
Sin embargo, para el supervisor, la prima de riesgo «no tiene un gran impacto en el coste de la deuda» porque afecta sólo a las nuevas emisiones y su efecto en las cuentas públicas «no es tan dramático». Es muy probable que Hacienda no comparta su opinión: los costes financieros del Estado superan ya los 28.000 millones anuales y representan el 13% del presupuesto para 2012.