Andalucía y Canarias renuncian a sus recortes de sueldos públicos

Los duros ajustes aprobados por el Gobierno dentro del real decreto 20/2012, que incluye entre otras medidas subidas de impuestos y recortes de sueldos de empleados públicos, ya tienen sus primeras consecuencias en el ámbito de las haciendas autonómicas. El Gobierno de Canarias anunció ayer que no aplicará la reducción de salarios del 5% que incluyó en su plan económico-financiero de reequilibrio. La Junta de Andalucía está analizando su programa de ajustes y busca fórmulas para que sus funcionarios no vean reducido su sueldo dos veces. El consejero canario de Presidencia, el socialista Francisco Hernández Spínola, anunció la renuncia del Ejecutivo regional a aplicar esta rebaja de sueldos y atacó las últimas medidas aprobadas por el Gobierno central. El Ejecutivo insular ha hecho cuentas y ha calculado que la supresión de la paga de Navidad ordenada por Mariano Rajoy equivale a una rebaja del 7% en la remuneración de los empleados públicos. Porcentaje que, al ser superior al 5% acordado por el Parlamento canario, hará innecesaria su aplicación para cuadrar las cuentas.

También con la calculadora en la mano, la Junta de Andalucía aseguró que está analizando su plan de ajuste, que incluía un recorte de 740 millones de euros en gasto de personal y que se encuentra ahora en plena tramitación.

El ajuste decretado por Mariano Rajoy puede ser, en la práctica, un balón de oxígeno para algunas autonomías, cuyos dirigentes evitarían el desgaste político que supone decretar ellas mismas una medida tan impopular como una rebaja de sueldos. Un portavoz de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas aseguró que el departamento de José Antonio Beteta no puede obligar a las autonomías a tomar una decisión de ese calibre. Solo velará por «que se cumpla el reequilibrio» de cuentas diseñado a partir de los respectivos planes económico-financieros. Y reconoció que medidas como la ordenada por el Gobierno central amplían las «opciones» de las comunidades para alcanzar el objetivo común de déficit del 1,5% del PIB.

Doble quebranto

La Junta de Andalucía busca «fórmulas» para ajustar sus números rojos sin forzar a sus 260.000 trabajadores públicos a sufrir un «doble quebranto», en palabras del vicesecretario general de los socialistas andaluces, Mario Jiménez. El plan autonómico de ajuste contemplaba un ahorro de 740 millones en personal, mediante una reducción media del 5% en la nómina y la supresión de complementos extraordinarios. Tras una dura negociación con los funcionarios, las propuestas iniciales se suavizaron para que los ajustes no se aplicaran a empleados mileuristas y para que la reducción de jornada de los interinos fuera del 10%, en lugar del 15%.

El plan de ajuste aún está en trámite parlamentario de enmiendas, lo que podría facilitar la modificación o revisión de algunas de las medidas. Jiménez recordó la dificultad de la revisión porque las medidas aprobadas por Mariano Rajoy, que no dudó en calificar como la «mayor agresión» a la democracia desde el golpe de Estado del 23-F, son de obligado cumplimiento.

«Lo que ha regulado el Gobierno central será lo que se aplique en los salarios de los trabajadores públicos de la comunidad andaluza, pues no hacerlo será prevaricación por parte de la Junta», insistió, para remarcar a continuación que Andalucía «verificará la legalidad de las medidas» por si contravienen competencias autonómicas. Izquierda Unida, partido socio del PSOE en el Ejecutivo autonómico, fue más allá. Su coordinador general, Diego Valderas, pidió la «paralización, derogación y retirada» de la totalidad del proyecto, al entender que no tiene sentido que se realicen enmiendas para mejorarlo si se van a modificar esas medidas.

La coalición de izquierdas estima que con la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre ya se logra el ahorro de 700 millones que preveía la Junta, por lo que señalan que hay que evitar duplicidades. Y pide además un pleno extraordinario para debatir sobre los recortes, ya que según el también vicepresidente del Ejecutivo autonómico, es el momento de «plantarse» ante las «imposiciones» del Gobierno central.

Tanto IU como PSOE apoyarán también las protestas convocadas por los sindicatos para responder de forma «cívica y contundente» a los recortes económicos y en derechos sociales y laborales. La primera de las movilizaciones se realizará el próximo jueves 19 de julio, con manifestaciones en las ocho capitales de provincia andaluzas.