El Gobierno recorta otros 200 millones la ayuda a la dependencia

La ley de dependencia sufrió ayer su enésimo recorte. El Gobierno rebaja un 13% la aportación del Estado al denominado 'nivel mínimo de protección', es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad. Esta reducción significa que los gobiernos regionales percibirán unos 200 millones de euros menos y complicará aún más la cobertura de los receptores. La reducción de esta partida es una de las sorpresas en la normativa publicada en el BOE ayer tras la aprobación del Decreto en el pasado Consejo de Ministros.

El nuevo ajuste a esta prestación social supone un duro golpe a una normativa con unas metas muy ambiciosas desde su redacción, pero muy limitada en su financiación desde su aprobación en 2006. La nueva vuelta de tuerca deja a las comunidades autónomas en una situación muy complicada. Son ellas las encargadas de mantener mayoritariamente el sistema, pero sus recursos son cada vez más escasos.

A este nuevo ajuste hay que sumar los 283 millones de euros destinados a esta materia suprimidos por el Ejecutivo a través de los Presupuestos Generales del Estado en marzo y que ya supuso un importante revés. Este nuevo tijeretazo ha levantado ampollas en las comunidades autónomas, incluso en las gobernadas por el PP. La consejera de Familia de Castilla y León, Milagros Marcos, criticó la medida por no haber sido informadas desde el Ministerio que dirige Ana Mato. «Ha sido una sorpresa en la forma y en el contenido. La ley recoge que se debe informar al Consejo Territorial y no ha sido así», aseguró. Y es que las arcas de las autonomías no tienen margen de maniobra para compensar estas bajadas, máxime con la presión del Ejecutivo central para que cumplan con los objetivos de déficit.

Por su parte, el Gobierno justificó estos nuevos recortes por la necesidad de «asegurar la sostenibilidad del sistema» a través del ahorro. Además, considera que las medidas «correctoras» deben implantarse de manera inmediata, ya que su demora «agudizaría los problemas de cohesión, equidad y financiación». Y es que una de las obsesiones del Ministerio de Sanidad ha sido tratar de unificar los criterios de todas las comunidades autónomas. Todo ello bajo la premisa de priorizar y lograr más con menos.

Para cumplir con esa meta, el Ministerio de Sanidad ha reducido la ayuda económica que reciben los cuidadores familiares un 15%, lo que supone un ahorro de 285 millones de euros. Sin embargo, las comunidades autónomas tienen libertad para poder incrementen este porcentaje si lo consideran necesario.

Con esta modificación, un beneficiario de gran dependencia (el nivel de máxima atención) recibirá una prestación máxima de 442,59 euros. Sin embargo, un nuevo receptor con el mismo grado de dependencia solo podrá recibir 387,64 euros. Esa diferencia se debe a la simplificación de los niveles de dependencia, que pasarán de seis a tres: grado I (dependencia moderada), grado II (dependencia severa) y grado III (gran dependencia).

Por si no fuera suficiente con reducir las ayudas, el decreto también endurece el acceso a las mismas con nuevos requisitos para los cuidadores familiares. Para ser receptores de esas ayudas deberán demostrar que viven con la persona dependiente, que pueden cuidarla, que tienen formación y que deben someterse a un seguimiento. Los criterios para recibir esta ayuda se basarán en al renta y el patrimonio del beneficiado.

A partir de ahora

Además, se aplaza a 2015 la incorporación de nuevos beneficiarios de grado moderado (los menos dependientes) con el objetivo de «agilizar la entrada de los grandes dependientes». Y es que la lista de espera para recibir una respuesta es de 300.000 personas.

El periodo de retroactividad en el cobro de las ayudas también se amplía de seis meses a dos años. Es decir, los solicitantes solo podrán reclamar los pagos atrasados por la administración superado ese tiempo. Llegado el caso, las comunidades autónomas tendrán ocho años para abonar a los beneficiarios los efectos retroactivos por el retraso.

Ningún aspecto de la legislación de dependencia se salva de los recortes. A partir del 31 de agosto se suspenderán las cotizaciones a la Seguridad Social que el Ejecutivo pagaba a los familiares que cuidaban de un dependiente en casa.

A partir de esa fecha, el cuidador tendrá una bonificación del 10%, el Estado asumirá el 5% y el otro 85% correrá a cargo del cuidador no profesional. Y del 100% si quiere seguir cotizando en 2013.