El Gobierno quiere impulsar el empleo con la dependencia

El Consejo de Ministros continúo ayer con la reforma de la ley de dependencia, dio el visto bueno al Real Decreto presentado por la ministra de Sanidad y ya solo falta que el BOE recoja la letra pequeña de la nueva regulación, que aumenta los requisitos para las familias que quieran cuidar a sus seres queridos más vulnerables en casa y apuesta de forma definitiva por la atención fuera del hogar.

En un plazo de cinco años, el Gobierno quiere darle la vuelta a las prestaciones. En la actualidad, el 45% de ellas van destinada a un cuidador familiar y solo el 13% a las actividades sociales. Ahora, el Ejecutivo quiere «consolidar una red pública de servicios sociales que favorezca la sostenibilidad del modelo y genere puestos de trabajo». Porque con la crisis, los servicios de las comunidades autónomas -depositarias de todas las competencias en materia de dependencia- se han visto mermados por la caída de ingresos y de pacientes. Una situación que se quiere invertir con el endurecimiento de las condiciones para los cuidadores familiares, que deberán demostrar que viven con la persona dependiente, que pueden cuidarla, que tienen formación y que deben someterse a un seguimiento.

Y para conceder la ayuda, se tendrá en cuenta la renta y el patrimonio del beneficiario. Y se instala el copago: aquellas personas cuyos recursos estén por debajo de la cantidad mensual del Iprem no abonarán nada, ya que a partir de aquí la aportación se medirá de forma progresiva hasta llegar al 90% del coste del servicio.

Además, la reforma de la ley pretende disminuir el grueso de la lista de espera, que asciende a 300.000 personas. Para lograrlo, se pretende agilizar la entrada de los grandes dependientes a través de la simplificación de los grados de reconocimiento. De seis niveles pasa a tres. También se aplaza el acceso a los dependientes, «en su mayoría ya atendidos por los servicios sociales», según el Ministerio de Sanidad. Un retraso, situado en 2015, que se debe, según el Ejecutivo, a las malas previsiones del Gobierno socialista y que ha obligado a gastar un 23% más en dependencia, unos 2.000 millones.