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El Rey preside ayer en el Palacio de la Zarzuela la parte deliberativa del Consejo de Ministros. :: ÁNGEL DÍAZ / EFE
ESPAÑA

«España vive uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente»

La vicepresidenta del Gobierno justifica el ajuste de 65.000 millones por la situación límite que padece el país

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. Circunspecta y cariacontecida, Soraya Sáenz de Santamaría enumeró uno a uno los acuerdos del Consejo de Ministros que concretan el grueso del ajuste de 65.000 millones de euros que anunció Mariano Rajoy el pasado miércoles en el Congreso y que engloban medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competitividad. Entre ellas se encuentran la subida del IVA, la supresión de una paga a los funcionarios y de la desgravación por compra de vivienda, así como el recorte de las prestaciones por desempleo y de los gastos ministeriales y una nueva rebaja presupuestaria por valor de 600 millones de euros, que afectará a todos los ministerios, en especial, al de Fomento (-156 millones). Avanzó, igualmente, que el Gobierno enviará al Parlamento 20 leyes en el segundo semestre del año. Un paquete que incluirá la ley de Transparencia, Acceso a la Información y Código de Buen Gobierno, que fijará las penas para los cargos públicos que endeuden aquellas administraciones que gestionan.

La número dos del Ejecutivo ponderó la insoslayable necesidad de acometer este nuevo tijeretazo. «España vive uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente», recalcó la vicepresidenta, quien eludió, pese a las preguntas de los periodistas, desvelar si el Gobierno tiene un 'plan B' por si estas iniciativas no producen el efecto perseguido. En cualquier caso, calificó las resoluciones de «necesarias e inaplazables» y dijo que responden a criterios de «máxima justicia y equidad».

A Sáenz de Santamaría la flanquearon los ministros de Economía, Luis de Guindos, y Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. No fue una elección casual: los tres son funcionarios de carrera y los tres hicieron varias alusiones durante su comparecencia a la solidaridad, generosidad y valía de este colectivo.

Los miembros del Gobierno son conscientes de que cualquier chispa puede contribuir a incendiar un ambiente muy caldeado. De hecho, minutos antes de la rueda de prensa, medio centenar de empleados públicos adscritos al complejo de la Moncloa silbaron en señal de protesta al presidente y a los ministros a su regreso del palacio de la Zarzuela, donde se celebró un primer Consejo de Ministros deliberante, presidido por el Rey.

Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos intentaron transmitir en todo momento una imagen de solemnidad, ajena a la ovación que recibió Rajoy en el Congreso tras anunciar el nuevo 'tijeretazo' y que varios partidos de la oposición criticaron al entender que se festejaba el ajuste.

La número dos del Ejecutivo rechazó los reproches y aseguró que los diputados populares, con este gesto, quisieron agradecer a su jefe de filas el arrojo que había demostrado en un contexto tan complejo. «Por esa decisión valiente -apostilló la vicepresidenta- de asumir las dificultades, dando la cara, sin disimular y sin disfrazar ninguna de las medidas, fue arropado por su partido».

Sáenz de Santamaría mantuvo el semblante serio durante toda su comparecencia ante los medios de comunicación. Desde el miércoles, en las redes sociales compararon a la ministra de Empleo de Italia, Elsa Fornero, que el pasado diciembre lloró mientras explicaba un duro plan de ajuste en su departamento, con la aparente frialdad con la que la vicepresidenta española siguió desde su escaño la intervención de Rajoy, en la que desgranaba el mayor ajuste en la historia de España.

Herencia recibida

Solo sonrío levemente en un par de ocasiones, coincidiendo con algún titubeo o declaración de Montoro. Admitió que habían tomado decisiones contrarias a las que el PP prometió antes de llegar a la Moncloa, como la subida del IRPF, IVA o la eliminación temporal de una paga extra. Culpó del cambio de criterio a la «imposibilidad de sacar adelante un país» con un déficit público de casi un 9%. Incluyó en su justificación una clara alusión a la herencia recibida. Aseguró que si Rajoy se hubiera encontrado el déficit en el 6,5% -la previsión del anterior Ejecutivo- el ajuste hubiera sido mucho más benévolo.

Montoro, que lleva años defendiendo que la subida del IVA es perjudicial para la economía, reconoció su giro copernicano y, a pregunta de los periodistas, explicó su cambio de criterio: «Hemos decidido subir el IVA porque es obligado hacerlo, por las recomendaciones (de la UE), por las circunstancias y porque la absoluta prioridad es reducir el déficit».

De esta y de otras respuestas de los intervinientes se desprende con claridad que la presión de la Comisión Europea ha sido decisiva para que el Gobierno haya acometido su segundo plan de ajuste en solo seis meses.