El perdón de los banqueros

El ministro Montoro sometió ayer a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera un programa autonómico de cumplimiento de los objetivos de déficit que constituyó, más que una propuesta a consensuar, el requerimiento derivado de las obligaciones contraídas ante Bruselas. El punto principal de discrepancia entre el Gobierno central, las autonomías administradas por formaciones distintas al PP e incluso dos de las gobernadas por los populares fue, como cabía prever, la intención del primero de no compartir con las comunidades la flexibilización de déficit concedida a España en el último Consejo Europeo. Aunque nuestro país cuente con un punto más de margen para el presente ejercicio -6,3% en vez del 5,3% inicial- las autonomías deberán cumplir con el 1,5% fijado de antemano y, además, tendrán que asumir un sobreesfuerzo para situarse por debajo del 0,7% de déficit el próximo año y alcanzar un máximo del 0,1% al finalizar 2014. Los gobiernos autonómicos son objeto del recelo con el que las instancias europeas e internacionales evalúan la capacidad de nuestro entramado público para disciplinarse en materia presupuestaria. Pero de igual manera que la conducta de algunas comunidades ha dado pie a que se suscite la máxima prevención respecto a los compromisos de consolidación fiscal de los gobiernos territoriales, resulta injusto desdeñar el esfuerzo que otras vienen realizando en paralelo e incluso por delante de los objetivos fijados. La decisión de no compartir con las autonomías el punto adicional de déficit concedido por Bruselas obedece fundamentalmente a un criterio preventivo de disciplina interna, dada la tardanza con la que determinados ejecutivos autonómicos están acometiendo los ajustes prescritos. Pero transmite un mensaje de desconfianza que en absoluto beneficia a la credibilidad de España. No era el mejor clima para lanzar la fórmula de los 'hispabonos'. Si ya los mercados se muestran poco menos que intratables después de la comparecencia de Rajoy el pasado miércoles en el Congreso, la forzada sujeción del déficit autonómico tampoco aporta un valor especial a la deuda mancomunada.

La práctica de pedir perdón tras los fracasos financieros no es nueva: en febrero de 2009, los exdirectores de los dos grandes bancos británicos que tuvieron que ser rescatados, el Royal Bank of Scotland y el Halifax Bank of Scotland, pidieron 'profundas disculpas' por el fracaso de sus instituciones, que costó mucho dinero a los contribuyentes. Aquí y ahora, el presidente ejecutivo y el consejero delegado de Novagalicia Banco han pedido «perdón» a sus clientes por «haber comercializado preferentes» y por «lo que se hizo mal en la etapa anterior». Los directivos que han tenido este gesto han aclarado que los desmanes se cometieron antes de su llegada, pero eso importa poco a los clientes burlados, que tienen derecho a exigir, antes que cualquier reparación moral, el resarcimiento material por los abusos padecidos y la satisfacción jurídica que derive de los procesos penales abiertos a los directivos que incurrieron en prácticas sencillamente delictivas. Bien está que las entidades financieras que tratan de resurgir tras el escándalo incluyan en su estrategia de marketing la petición de disculpas, pero lo ocurrido es de tal gravedad que resulta imposible zanjarlo mediante gestos de buena voluntad.