El Gobierno niega a las autonomías la flexibilidad del déficit lograda en Europa

No solo no se beneficiarán de que la Comisión Europea haya flexibilizado a España el objetivos de déficit para este año y los dos siguientes, sino que las autónomías tendrán que apretarse aún más el cinturón de lo que habían previsto tanto en 2013 como 2014. La decisión, anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, generó ayer un fuerte malestar incluso entre comunidades gobernadas por el PP, pero al final solo Extremadura y Castilla y León se decidieron a hacerlo evidente con el sentido de su voto, la abstención.

No se sumaron al 'no' rotundo de las de distinto color político, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias, por no abrir un cisma interno y, según sus consejeros, porque su desacuerdo no significa que no vayan a hacer todo lo posible por atenerse a las cifras fijadas: un 0,7% de su PIB de déficit para el año próximo, un 0,1% para 2014 y, en 2015, un superávit de 0,2%. Pero en todo caso su postura choca con la actitud facilitadora que habían mantenido hasta ahora los gobiernos autonómicos del PP con las directrices marcadas por Ejecutivo.

A medida que avanza 2012 la situación se va volviendo más asfixiante. Las comunidades se enfrentan a vencimientos de deuda, 15.000 millones de aquí a final de año, con los mercados prácticamente cerrados y el más mínimo respiro es recibido como agua de mayo. Pero no lo obtuvieron. Entre otras cosas, porque a su vez el Ejecutivo siente sobre el cogote el aliento de Bruselas, que el pasado viernes volvió a pedir garantías de que se está controlando el gasto de las comunidades autónomas.

El cabreo del consejero catalán, Andreu Mas-Colell, que llegó a decir que acudir al Consejo no servía para nada y que se les trata «como a niños», cayó en saco roto. Montoro no dió su brazo a torcer. «¿De qué vale tener más déficit si no tienes acceso a los mercados para financiar el que ya tienes adjudicado? El debate de la relajación no tienen ningún sentido económico», dijo el consejero catalán.

Mas-Collel reclamaba que se tuviera al menos en cuenta que la subida del IVA aumentará el gasto de la Generalitat -que como cualquier empresa hace contrataciones- en cien millones de euros en un año. Tampoco así logró su objetivo. «Cada uno puede tener su posición política y estar más cómodo o más incómodo, eso también le pasa al Gobierno central, pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano de coordinación y sus decisiones son de obligado cumplimiento», advirtió el ministro.

Las autonomías se fueron también sin la solución ansiada a sus problemas de liquidez. A pesar de que el miércoles, en el pleno del Congreso, el presidente del Gobierno les había puesto la miel en los labios al asegurar que se pondrá en marcha un mecanismo financiero para que puedan hacer frente a sus compromisos, incluida la deuda financiera y comercial, el asunto no estaba en el orden del día. Finalmente, se trató, pero ni el titular de Hacienda concretó plazos, más allá de que hoy será estudiado por el Consejo de Ministros, ni ante el micrófono dio demasiadas pistas de cómo se articulará.

Habló únicamente de la creación de un «fondo» específico. En principio, y según fuentes autonómicas, será el Tesoro, que a su vez tendrá que emitir deuda, el que «preste» a las comunidades, a cada una en función de su rating, con unas exigencias extremas. «Significará que el Estado tiene que emitir deuda -dijo Montoro de forma algo vaga- pero lo que hace es repercutirlo a las comunidades autónomas tratando de que no haya en el total más deuda pública».

El ministro también afirmó que en ningún caso se mutualizará la deuda, y por lo tanto, el riesgo. Hay varias comunidades, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Murcia, que están ya a niveles de 'bono basura'. Es clave que la fórmula evite la contaminación. Sobre todo, porque el propio Estado encuentra ya serias dificultades para salir al mercado, en el que paga cerca de un 7% por los bonos a diez años.

'Tarjeta amarilla'

Lo que el Gobierno quería lanzar hoy era un mensaje de inflexibilidad y «contundencia». Y Montoro lo dejó claro. «Hemos advertido a varias autonomías sobre el riesgo de incumplimiento, lo que significa que ponemos en marcha los mecanismos de la ley de estabilidad presupuestaria».

A partir de ahora, empieza un trámite de siete días de reuniones entre el Gobierno y esas comunidades -el ministro no quiso decir cuáles ni cuántas para evitar el estigma- en el que se analizará en qué medida se acercan al objetivo del 1,5% del déficit comprometido para este año y, en caso de que los técnicos de la Intervención General del Estado no den su visto bueno, se enviará al Consejo de Ministros la petición formal de advertencia; primera fase de un proceso sancionador que puede acabar en último término en la intervención directa de las cuentas.