La Audiencia corrige a la jueza y decreta la libertad de Antonio Fernández

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un rapapolvo a la jueza instructora del caso de los ERE, Mercedes Ayala, a la que ha corregido que decretara la prisión incondicional sin fianza al exconsejero de Trabajo Antonio Fernández. La Audiencia sentenció ayer la libertad del excargo socialista con una fianza de 450.000 euros. Hoy podría salir de la prisión de Morón de la Frontera en la que está desde el pasado abril si la familia acaba de reunir el dinero.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el tribunal de la Audiencia admite en parte el recurso de la defensa. Contradice a la magistrada cuando justifica la prisión de Fernández en el riesgo de fuga y en la posibilidad de obstruir la investigación judicial. La Audiencia señala que son datos objetivos que si «hubiese sido intención del imputado eludir la acción judicial u obstruir la instrucción, tiempo ha tenido para hacerlo». El relato prosigue que desde que Fernández recibió el burofax con su imputación el 14 de marzo de 2011 hasta su declaración el 20 de abril de 2012, «han transcurrido 13 meses, tiempo más que suficiente para que hubiera podido eludir la acción judicial, como puedo hacerlo una vez conocida la imputación, pues la toma de declaración duró cuatro días y fue conocedor desde el primero de ellos de los concretos hechos e infracciones penales que se le atribuían».

Concluye la Audiencia: «No podemos aceptar que el riesgo de fuga en este caso sea por tanto motivo que justifique la permanencia de la situación de prisión en los términos acordados». Respecto a la obstrucción de la acción judicial, la Audiencia vuelve a apelar al sentido común: «Tampoco puede ser argumento que justifique la prisión, pues estimamos que la influencia que pudiera ejercer el imputado, de querer hacerlo, no se conjuraría con la privación de libertad».

La Audiencia admite la gravedad de los hechos imputados y aunque no entra en el fondo de ellos, sí subraya que son necesarias cautelas. Por lo que decreta que el acusado se persone cada martes en los juzgados y no pueda viajar fuera de España.

El auto sobre la libertad de Fernández sienta un precedente en la instrucción del caso de los ERE, cuando quedan otros cargos por prestar declaración ante la magistrada. La Audiencia también decretó la libertad del exchofer de Guerrero, Francisco Trujillo, bajo fianza de 150.000 euros. Pero este no ha salido aún de la cárcel al no haber reunido la familia el dinero.

El Gobierno andaluz recibió con satisfacción la noticia. «No compartíamos aquella decisión. La considerábamos injusta», declaró la consejera de Presidencia, Susana Díaz. El PP pone el énfasis en el hecho de que el auto de la Audiencia reconozca la gravedad de los hechos investigados y en que Fernández sigue imputado, según Ricardo Tarno.