Los sindicatos convocan movilizaciones para el 19 de julio

Apenas tardaron unas horas en cuadrar agendas. Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, lo advertían por la mañana nada más conocer el plan de ajustes del Gobierno y aún inmersos en la manifestación de los mineros. «Va a haber movilización general». La fecha surgía en una reunión a primera hora de la tarde: 19 de julio.

Las dos centrales sindicales han convocado para ese día una jornada de manifestaciones en todo el país contra unos recortes que consideran «injustos» por menoscabar a los sectores más débiles de la sociedad -«a las rentas medias y bajas»- y por no incluir «ni una medida» para las empresas o las rentas más altas. «No hay ni una sola para que los ricos, que están en el origen de la crisis, paguen por lo que está sucediendo», señaló Toxo. Ambos líderes sindicales coincidieron en calificar de «atropello» unos ajustes que dejarán el país «hundido». «Es un tratamiento de choque con más posibilidades de matar que de curar», afirmó Méndez.

Los sindicatos expresaron una vez más su convencimiento de que los recortes desembocarán en una nueva caída del consumo y, por tanto, en destrucción de empleo. CC OO y UGT, que advirtieron de protestas «más firmes y contundentes» en otoño, consideran el paquete de medidas un «auténtico fraude político» de un Ejecutivo que está gobernando «con un programa que no presentaron en las elecciones».

Críticas y algún respaldo

Pese a que las críticas arreciaron durante todo el día, el Gobierno recibió dos apoyos contundentes: el de la Comisión Europea, que calificó las medidas como «paso importante para que España logre sus objetivos fiscales», y el de la CEOE. El presidente de la patronal, Juan Rosell, alabó los ajustes y manifestó su apoyo al Ejecutivo por cuanto supone de freno a los «desbarajustes» de la economía. Solo un pero: la reducción de las cotizaciones empresariales. «Nos hubiera gustado una mayor bajada para que fueran más parecidas a las que se abonan en Europa», afirmó. El exministro popular Josep Piqué, actual presidente del Círculo de Economía, también calificó las medidas de «imprescindibles», aunque lamentó que llegan tarde.

Entre los autónomos, las opiniones no fueron unánimes. Para la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), son recortes «dolorosos» aunque necesarios. «Ningún autónomo va a cerrar por que suban el IVA tres puntos», defendió su presidente, Lorenzo Amor. No lo valoraban igual en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), donde abogaron por formas de recaudación más «justas y eficientes».

El turismo, en contra

Las voces discordantes aumentaban a medida que se sondeaba sectores empresariales concretos. El turístico, al que le afecta la subida del IVA del 8 al 10%, fue el más tajante al recriminar al Gobierno su «poca sensibilidad» con un sector clave «para impulsar la recuperación de la economía» y advirtió del efecto que la subida de precios tendrá sobre la llegada de turistas y la creación de empleo.

El sector hostelero, por su parte, calculó en 2.400 millones la caída del consumo por una presión impositiva «difícil de encajar», mientras que la patronal de los pequeños comercios se lamentaba de vivir «al borde del abismo» y las grandes empresas de distribución, Anged, aprovechaban para reclamar medidas de dinamización de la economía.

Fueron pocos quienes ayer no expresaron su rechazo: las cooperativas agrícolas, los sindicatos policiales y de enfermeros e incluso asociaciones como la valenciana Aerte y la catalana Acra, que aglutinan servicios asistenciales y que criticaron las medidas por «inasumibles» e «inviables». Incluso Cáritas lanzó una advertencia: «Lo primero tiene que ser el rescate de las personas, no de las entidades financieras ni del déficit, porque la fractura social ya ha comenzado. ¡Ya podemos arreglar los números, que si las personas están rotas, no servirá de nada!», alertó su director en Barcelona, Jordi Roglà.