El Gobierno rebaja el sueldo de los funcionarios un 7% al eliminar la extra de Navidad

Los funcionarios y empleados públicos volverán a sufrir un recorte salarial. Este año no cobrarán la paga extra de Navidad, lo que supone una reducción del 7% sobre sus ingresos anuales. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la tanda de medidas anunciada para cumplir con las exigencias de Bruselas y el cumplimiento del déficit, reclamó «un esfuerzo excepcional» a este colectivo «dadas las circunstancias especialmente graves de la economía». Esta rebaja salarial y la subida del IVA, junto con la incertidumbre de qué pasará el próximo año, tendrán consecuencias evidentes en el consumo lo que agudizará la crisis económica y el paro. Además, la desaparición de la paga extra se producirá en una época, la navideña, en la que confían muchos comercios para salvar el año.

Rajoy solicitó a los diputados y senadores que renuncien ellos también a cobrar la paga extra. El presidente lo pide y no lo impone porque Congreso y Senado tienen autonomía presupuestaria. A los empleados públicos se les compensará el recorte a partir del año 2015, mediante aportaciones al fondo de pensiones, «siempre que lo permita el cumplimiento del objetivo de estabilidad y en los términos y alcance que se determine en la Ley de Presupuestos», según aclaró el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además, se reducirá el número de días de libre disposición de los funcionarios -los días conocidos como «moscosos»-, así como el número de liberados sindicales, y se facilitará la movilidad de los empleados públicos.

Por la tarde, los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, ELA y CIG se levantaron de la reunión con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como muestra de rechazo al presentarles unas medidas adoptadas antes de negociarlas. Hasta tal punto que el Ministerio había convocado a la misma hora las dos reuniones preceptivas que deben realizarse antes de aprobar cambios para los funcionarios. Es una «farsa» con la que «solamente quieren cubrir el expediente», dijo el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Juan Carlos Rodríguez de la Coba.

Al final, la reunión se celebró solo con los representantes de las comunidades autónomas. En la misma, Antonio Beteta cifró en 6.315 millones de euros el ahorro por las medidas que afectan a la función pública. La reducción del número de días de libre disposición para que todas las administraciones tengan los mismos supondrá un ahorro de 107 millones de euros para el Estado, 340 millones para las comunidades autónomas y 93 millones en las entidades locales. El ajuste del número de liberados sindicales a lo que estrictamente dispone la ley significará un ahorro de 50 millones para el Estado, 159 millones en las autonomías y 43 millones en ayuntamientos.

Quitar la paga extra de Navidad a los funcionarios y empleados públicos representa un menor gasto de alrededor de 4.000 millones de euros, según fuentes del Gobierno, lo que deja todavía unos 1.500 millones que tendría que sacar el Ministerio de la equiparación de las condiciones de incapacidad temporal de los empleados públicos con la del resto de los trabajadores y de la reordenación de los empleados públicos.

Si los representantes sindicales estaban indignados, no lo estaba menos un grupo de unos 200 funcionarios que se manifestaron en la sede de Hacienda donde se iba a celebrar la reunión. Los sindicatos han convocado concentraciones en los centros de trabajo y CSIF estudiará el viernes en su Comisión Nacional la convocatoria de una huelga general en septiembre ante el «recorte» en las condiciones laborales de los funcionarios y el «desmantelamiento» de los servicios públicos.

En el marco de la segunda fase del Plan de Reestructuración del Sector Público se procederá a la reducción «significativa» de empresas y fundaciones públicas y «drástica» en las de ámbito local, a las que Rajoy acusó de «despilfarro».

El presidente del Gobierno justificó los ajustes en la administración señalando que, desde el inicio de la crisis, se han destruido 2,9 millones de empleos en el sector privado mientras que el sector público ha crecido en 289.000 personas.