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El último cartucho de Rajoy

El presidente del Gobierno anuncia un paquete de duros ajustes para reducir el déficit y cumplir con el mandato de Bruselas

A. PAPELL
MADRIDActualizado:

El presidente Rajoy, sin duda muy preocupado por el efímero efecto que la cumbre comunitaria del 28 y 29 de junio tuvo sobre la prima de riesgo, ha acudido esta mañana al Congreso a cumplir un inexorable trámite que debería otorgar consistencia y proyección a aquellas medidas: explicar la contrapartida española al rescate del sistema financiero. Es decir, a pormenorizar tanto la aceptación de las condiciones impuestas cuanto el gran ajuste que este país debe llevar a cabo para cumplir el calendario de convergencia que nos ha sido impuesto en la revisión del expediente de déficit excesivo. Todo con el objetivo de lograr que se reduzca significativamente ese 7% que hoy hemos de pagar por la financiación de nuestra deuda en los mercados.

Evidentemente, esos mercados de nuestras desdichas desconfían profundamente de la operatividad de las decisiones que se toman en Europa, por lo que era preciso esta vez implementarlas con solemnidad, rotundidad y rapidez. Felizmente, ayer Bruselas ya publicaba en tiempo récord el “Memorándum de Entendimiento” que fija las condiciones del rescate de la banca española y hoy Rajoy, en una intervención destinada a explicar al Congreso la última cumbre comunitaria, ha informado a la opinión pública interior y sobre todo exterior el gran ajuste que responde a los requerimientos europeos y que debería llevarnos definitivamente a la convergencia en 2014. La conjunción de las medidas europeas y españolas representa en fin un órdago a la crisis que, pese a la coyuntura siniestra del momento presente, debería ser el germen de la esperanza en la resolución de la peor catástrofe que ha padecido este país en toda la etapa democrática. Significativamente, Rajoy, a pesar de su pintura negra de la situación presente, ha tenido esta vez palabras de aliento para la sociedad española: España tiene solución, ha dicho, por lo que nuestro esfuerzo no será estéril.

El anuncio de Rajoy, pormenorizado y conciso, se cuantifica en un brutal ajuste de 65.000 M€ en dos años y medio (hasta el fin de 2014), equivalente al 6,5% del PIB. Y para conseguir semejante objetivo, será necesario recurrir evidentemente al recorte de gastos y al incremento de ingresos. En el capítulo de los recortes, habrá una reforma de las Administraciones Públicas, que incluirá la racionalización de la administración local –refuerzo de las diputaciones, reducción del 30% de los concejales, homogeneización de salarios- con un ahorro de unos 3.500M€, una invocación a nuevos recortes en las CCAA y una reducción de la masa salarial de los trabajadores públicos, con supresión de la extraordinaria de Navidad de este año. Se rebajará aún más el presupuesto de todos los Departamentos (600 M€), se reducirá el gasto en Dependencia, se recortará en materia de desempleo (a partir del sexto mes, el parado sólo cobrará el 50% del salario y no el 60%) y se hará alguna reforma a las pensiones (en materia de jubilaciones anticipadas). En lo tocante al incremento de los ingresos, además de eliminarse la deducción por vivienda como exigía Bruselas –este beneficio fiscal estuvo en el origen de la burbuja-, se eleva significativamente el IVA, la tributación medioambiental, el impuesto sobre el tabaco, etc. A cambio, se reducirán un punto las cotizaciones sociales.

Contando con que el consejo de ministros del viernes comience a formalizar estas medidas, y con que Bruselas cumpla el calendario fijado en el Memorándum de Entendimiento, que pondrán a disposición de España los primeros 30.000 M€ este mismo mes en curso, toda la munición contra la desconfianza de los mercados estaría cargada. Si de este modo no desciende significativa y permanentemente la prima de riesgo, Madrid no tendrá más remedio que instar por todo los medios la intervención del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Porque en el fondo de esta estrategia anticrisis, que al fin permite alumbrar un rayo de esperanza, está la evidencia, sugerida reiteradamente por el presidente del Gobierno, de que España no puede financiar esos 800.000 M€ de deuda pública con préstamos al 7%.