La UE impone la intervención parcial de España con un férreo plan para sanear la banca

La UE ratificó ayer la intervención blanda de España con el acuerdo definitivo sobre las condiciones que regularán el rescate bancario. Recogidas en un memorando de entendimiento como el que se aplica a todos los países auxiliados, las exigencias consagran la supervisión comunitaria del saneamiento del sector financiero. Los socios del euro imponen a cambio de la ayuda de hasta 100.000 millones un total de 32 medidas que afectarán hasta a la distribución de competencias de las instituciones. Antes de final de año, el Ministerio de Economía deberá ceder poderes al Banco de España. Los ajustes macroeconómicos que hoy presenta Mariano Rajoy no se vinculan al desembolso del dinero, pero figuran en el documento para resaltar todavía más su obligatoriedad.

El memorando de entendimiento se hizo público apenas unas horas después de que los 17 ministros de Economía del euro lo aprobaran bien entrada la madrugada en Bruselas. El texto, de 20 páginas, establece que el Gobierno estará sometido a una intervención limitada que se ceñirá al sector financiero. En el caso de los otros socios rescatados -Grecia, Irlanda, Portugal y próximamente Chipre-, sus ejecutivos soportan un control exterior mucho más intenso. Todas sus decisiones en política económica están bajo vigilancia, una situación que no se trasplantará a España porque el salvidadas no cubre todas las necesidades de financiación del Estado.

El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, sí que compartirá algunas similitudes con los socios con un programa de asistencia completo. Según consta en el memorando, la temida troika formada por la Comisión, el BCE y el FMI acudirá cada tres meses a Madrid para verificar el cumplimiento de las condiciones. Los equipos de inspectores tendrán capacidad para acceder a cualquier entidad que reciba dinero público. El documento especifica que el Ejecutivo transmitirá semanalmente a la troika datos tan sensibles como la evolución de los depósitos y la posición de liquidez de los bancos.

El grado de intervención de la UE resulta todavía más palpable al examinar en detalle las condiciones del salvavidas. Como se esperaba, existen requisitos que afectarán a todo el sector como la obligación de contar con un colchón de capital mínimo del 9%. La sorpresa llega con la exigencia clara de reorganizar las competencias entre las distintas instituciones. El memorando fuerza al Ministerio de Economía a transferir los «poderes» sancionadores y la aprobación de licencias bancarias al Banco de España. La cesión deberá materializarse antes de final de año. Para octubre, el Ejecutivo tendrá que identificar fórmulas para reforzar la capacidad supervisora de la entidad encabezada por Luis María Linde.

El documento comunitario hace un especial hincapié en la labor del Banco de España, una de las entidades más cuestionadas por su gestión de la crisis financiera. Los socios apuestan por avanzar en su «independencia», pero remarcan que primero es necesaria una importante autocrítica. Por ello, imponen una «revisión interna completa» para destapar los puntos débiles del organismo. El documento apunta a una tutela muy estrecha del BCE sobre el supervisor español. El organismo con sede en Fráncfort conocerá en todo momento la liquidez de las entidades en apuros.

Pese al impacto de las medidas para toda la banca, la mayor parte del memorando está dedicado a las condiciones que deberán cumplir las entidades auxiliadas, ya aplicadas en otros países. Como regla general, las firmas rescatadas deberán presentar un plan de reestructuración que garantice su viabilidad. Esta estrategia tendrá que ser respaldada por la Comisión, que acumula ya una larga experiencia con estos análisis. Si la entidad no obtiene el visto bueno de Bruselas, se insiste en que el Gobierno debe liquidarla ordenadamente.

Antes de llegar al supuesto del cierre total y con la mente puesta en los contribuyentes, el texto insiste en que las ayudas deben respetar el principio del «reparto de costes». Es decir, la entidad tendrá que poner todo de su parte para minimizar el montante de la inyección. Ante esta situación, se recuerda la posibilidad de cerrar oficinas, la venta de participaciones y la prohibición de repartir dividiendos. Incluso, se limitarán los sueldos de los directivos. Los dueños de acciones preferentes, muchos de ellos pequeños ahorradores que desconocían los riesgos de estos productos, también tendrán que asumir pérdidas. El Gobierno deberá asegurarse de que las quitas sobre estos títulos se llevan a cabo.

Una vez consensuado el contenido del memorando, solo resta que los miembros de la Eurozona lo lleven a sus parlamentos para su ratificación. En este proceso, España deberá sortear el obstáculo de Finlandia, que ha reclamado garantías adicionales para su parte del crédito. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dio ayer por hecho que no habrá problemas con el socio escandinava y el rescate podrá rubricarse el día 20. En una vía paralela, los ministros de Economía respaldaron otorgar a España un año más para reducir el déficit por debajo del 3%. La flexibilización, como el rescate, también tiene su precio. El Gobierno deberá meter más la tijera, presentar un plan bienal de ajustes y cumplir con las recomendaciones de la Comisión.