ETA, en su lenguaje

El ministro Montoro confirmó ayer que el Gobierno subirá el IVA en el «tránsito hacia una fiscalidad menor en el trabajo y mayor en el ámbito indirecto». Así el titular de Hacienda se hacía eco de las recomendaciones de la Comisión Europea, al tiempo que el presidente del BCE, Mario Draghi, mostraba su discrepancia aduciendo que la medida contribuirá a agravar la recesión y criticando que las economías periféricas del euro hayan optado por la vía fácil de la subida de impuestos para eludir el compromiso más costoso del recorte de gastos. Esta última aseveración nada tiene que ver con lo que ocurre en España en los últimos seis meses. Sin embargo, no debería desdeñarse la advertencia de Draghi respecto a las consecuencias que acarree gravar el consumo y la prestación de servicios. El ministro Montoro, cuyas consideraciones sobre fiscalidad y reactivación distan tanto de los criterios defendidos con vehemencia por él y su partido no hace demasiado tiempo,esgrimió ayer una razón inexorable, cual es el hecho de que nuestros socios operan con tipos más elevados de IVA, de modo que un horizonte de integración fiscal impone confluir hacia una presión alta. Pero en unas circunstancias tan convulsas ninguna medida de política económica está exenta de inducir, sobre todo en el corto plazo, efectos contrarios a los fines que pretende, incluso hasta el punto de neutralizar éstos. Es lo que podría ocurrir con la subida del IVA. Téngase en cuenta que en el primer semestre de 2012 la recaudación por este concepto se ha retraído un 10% como consecuencia de la crisis. Por otra parte, los socios y las instancias europeas contemplan con recelo que nuestra hacienda ingrese por IVA un porcentaje bajo y hasta decreciente respecto al PIB. Pero no sería extraño que el incremento de este impuesto sobre el consumo y los servicios generara, en los meses inmediatos a su aplicación, un retraimiento de la actividad económica y, al mismo tiempo, el aumento de un fraude cínicamente justificado frente a una medida «injusta».