La transición egipcia se vuelve turbia

La Justicia egipcia, tercera en discordia en el choque de fuerzas entre el presidente, Mohamed Mursi, y los militares que han dominado durante décadas el país, añadió ayer un ingrediente a la farragosa situación jurídica de Egipto, que ha propiciado la disolución del Parlamento. El Tribunal Constitucional rechazó la decisión de Mursi de restituir la Cámara de Representantes, e insistió en que el fallo que llevó a su desmantelamiento es «definitivo y vinculante». La junta militar, por su parte, defendió su actuación porque actuó «según sus prerrogativas».

La transición egipcia se está modelando a base de golpe judicial, pero la turbia situación jurídica actual del país, sin Carta Magna y regido por una ambigua declaración constitucional, vuelve su desenlace imprevisible. Lo único que por ahora parece estar asegurado es que la tensión política va a continuar después de que el presidente del Parlamento, Mohamed Saad el-Katatni, convocara una sesión del hemiciclo para hoy, y los Hermanos Musulmanes llamaran a una gran manifestación para apoyar la restitución de la Cámara, donde cuentan con una enorme mayoría.

Hace apenas una semana, Mursi era investido ante el Constitucional en un acto en el que los jueces y el nuevo presidente se lanzaron alabanzas y advertencias a la par. El idilio ha durado poco. Ayer, la Corte, para muchos escenario de la batalla entre los militares y los Hermanos Musulmanes de los que procede el presidente, defendía que sus decisiones son «obligatorias para todas las autoridades del Estado», incluido el presidente Mursi.

La polémica se remonta al 14 de junio, cuando el Constitucional sentenció que la composición de Parlamento, dominado por islamistas, era inconstitucional. La junta militar disolvió el hemiciclo y el domingo Mursi, en su primer decreto como presidente, revocó la decisión militar y restituyó la Cámara.

Según los asesores de Mursi, el decreto no contradice a la Justicia -de hecho, recoge que deben celebrarse nuevas legislativas-, sino que invalida la decisión de la junta militar, permitiendo que el Parlamento siga trabajando de manera interina hasta los comicios. No es una confrontación de poderes, insisten, sino que Mursi, como nuevo poder ejecutivo, puede revocar una decisión ejecutiva previa.

Pese al pronunciamiento del tribunal, los diputados fueron convocados por el presidente del Parlamento para una nueva sesión hoy a mediodía. El hemiciclo abrió ayer sus puertas por primera vez desde que se ordenó su disolución en junio. Varios diputados pudieron acceder al recinto, custodiado por un dispositivo de seguridad bastante inferior al de las últimas semanas.

El Constitucional ha querido plantar cara al islamista, pero lo cierto es que su pronunciamiento ayer no revoca el decreto del presidente, porque no tiene jurisdicción para ello. Solo el Tribunal Supremo Administrativo puede invalidar un decreto presidencial, y es posible que hoy mismo se pronuncie en este sentido.

En el Egipto en transición, la Justicia, aletargada durante décadas de complacencia con el poder, se ha convertido en un arma política, aseguran algunos analistas. «La justicia es utilizada por el régimen, pero también actúa en su propio beneficio y en el de esta estructura del Estado que no ha sido modificada», afirma Ashraf el-Sherif, profesor de Políticas de la Universidad Americana de El Cairo.