Arrecia la presión por una comisión de investigación sobre Bankia

Algo huele a podrido en Dinamarca, como le decía el fiel Marcelo a Hamlet, y también en Bankia, a tenor de lo que recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha imputado a 33 exconsejeros de BFA y Bankia, incluyendo al expresidente Rodrigo Rato y al hasta ayer consejero delegado, Francisco Verdú. De tal manera ha destapado el juez el 'caso Bankia' que ya nadie se niega rotundamente a una comisión de investigación en el Parlamento e incluso algunos grupos políticos van más allá.

El Partido Popular, que vetó la comisión de investigación en el Congreso, dice ahora que «empieza a llegar el momento de conocer» en la Cámara Baja lo que ha ocurrido en el sector financiero, en palabras del portavoz del PP, Alfonso Alonso. Claro que para Alonso, la «fórmula más adecuada» no es la comisión de investigación, sino las comparecencias que están pendientes y la subcomisión creada para estudiar las ayudas del FROB. Pero hay otros compañeros de partido que sí quieren que se «llegue hasta el final» como la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, o que no ven «el menor inconveniente» en que haya una comisión de investigación en el Congreso para determinar las responsabilidades en el caso Bankia «en paralelo a la actividad judicial», como ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. «Yo siempre he sido partidario de las comisiones de investigación», dijo el ministro, «pero lo que creo es que en el ámbito judicial es infinitamente más fácil, hay más tiempo y más sosiego para investigar las responsabilidades personales». Por eso, cree «más útil» que el Parlamento analice de forma general la crisis bancaria. Margallo defendió la presunción de inocencia de los imputados «hasta que haya una condena».

Otro ministro, Miguel Arias Cañete, titular del departamento de Agricultura, censuró que el juez haya citado como imputados a la antigua cúpula de Bankia sin haber hecho antes diligencias previas y procesado toda la información. Cañete señaló: «Como jurista tengo algunas reservas» ya que se trata de «una citación indiscriminada». Y aseguró que UPyD, que presentó la querella contra Bankia, «tiene muchos intereses en este tema». También el ministro de Educación, José Ignacio Wert, consideró que el juez no tiene elementos para determinar el grado de responsabilidad de los distintos miembros de los consejos de BFA y Bankia.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que la constitución de una comisión de investigación sobre Novagalicia Banco en el Parlamento de Galicia se llevará a cabo «de forma inmediata» y defendió que su aprobación concilia dos objetivos: «Salvar una entidad financiera en Galicia e investigar lo que ocurrió». En su opinión, la comisión permitirá «saber exactamente dónde están las responsabilidades, en su caso», y «dónde están los errores que llevaron a dos cajas hasta hace poco tiempo muy solventes a una situación de extraordinaria dificultad, como ocurrió en otras cajas de otras Comunidades Autónomas».

Código de conducta

El auto del juez ha dado nuevo impulso a la petición del PSOE de crear una comisión de investigación. El exministro de Trabajo y vicepresidente de la Comisión de Economía en el Congreso, Jesús Caldera, advirtió al Gobierno de que «nadie» entendería que la Justicia vaya a investigar la crisis de Bankia y que el Parlamento no haga lo mismo. El PSOE, además, ha presentado una proposición no de ley para que los directivos de entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas por una mala gestión devuelvan las indemnizaciones, planes de pensiones, salarios diferidos u otras remuneraciones complementarias percibidas al salir de la entidad durante los últimos cinco años. Según Caldera, esta proposición no de ley es «una propuesta abierta al debate para cambiar el código de conducta». En realidad no puede ser otra cosa porque los expertos señalan que jurídicamente no se pueden modificar retroactivamente contratos privados.

También Izquierda Unida, junto con UGT, la asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha) y ATTAC ha presentado un manifiesto, que llevará en septiembre al Parlamento, para que se cree una comisión de investigación, cuyas comparecencias deban ser públicas, de las entidades intervenidas y que han recibido ayudas públicas. Uno de los exconsejeros imputados por el juez, José Antonio Moral Santín, es miembro de IU, pero pidió la baja temporal.