Rato y 32 exconsejeros de Bankia son imputados por presunta estafa y falsificación de cuentas

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y todavía presidente de Caja Madrid, tendrá que declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ha admitido la querella de UPyD contra Bankia, BFA y sus exdirectivos y exconsejeros por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Junto con Rato, están citados como imputados José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y Francisco Verdú, que permanecía como consejero delegado de Bankia pero presentó su renuncia al cargo tras ser imputado. La querella de UPyD recibió el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba investigando desde finales de mayo.

En el auto se señala que «sería interminable» referir todos «los vínculos entre el poder político, la gestión de las cajas, sus inversiones y las remuneraciones que se autoconcedían». El juez Andreu ha solicitado una amplia lista de pruebas documentales, muchas de ellas ocultas hasta ahora a la opinión pública. Los préstamos, créditos y avales concedidos a consejeros y directivos y a sus familiares, así como a los partidos políticos representados en los consejos de administración desde enero de 2008 -dos años antes de la llegada de Rato-, y los blindajes, planes de pensiones, indemnizaciones y retribuciones de todo tipo que hayan percibido los consejeros y la alta dirección desde enero de 2007 deberán ser remitidos a la Audiencia Nacional junto con los planes de saneamiento y la resolución de la CNMV que permitió la salida a Bolsa de Bankia a pesar de no contar con el requisito de disponer de las cuentas auditadas de los últimos tres años.

En su querella, UPyD destaca que se ha perjudicado a los accionistas por una «disposición fraudulenta de los bienes» al prevalecer «el favor político al rendimiento económico» y que las «ruinosas inversiones» realizadas por ese motivo han «descapitalizado» la sociedad.

Bankia salió a Bolsa en julio a un precio de 3,75 euros y ayer cerró a 0,93 euros, es decir, que ha sufrido una caída del 75% de su valor. Al conocer el auto de imputación del juez, la Asociación de Accionistas Minoritarios de Bankia señaló que espera que sirva para «delimitar la responsabilidad patrimonial que permita obtener una compensación».

El juez ha citado a declarar, como testigos, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España; a Julio Segura, presidente de la CNMV, que autorizó la salida a bolsa de Bankia, y al representante del FROB. El presidente de la CNMV probablemente declarará antes el juez que cuando la entidad que sale a Bolsa es nueva no es posible exigir tres años de cuentas anuales y que Bankia presentó un plan de negocio y una formulación de cómo hubieran sido las cuentas con los resultados de las siete cajas que se fusionaron para crearla. Segura también desvía la responsabilidad de las cuentas a quien las auditó, en este caso Deloitte, cuyo socio Francisco Celma, autor del informe, también ha sido llamado a declarar.

La Audiencia Nacional considera que «la magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado 19.000 millones para poder acometer un plan de saneamiento y recapitalización» que sumados a los 4.465 millones ya asumidos por el FROB da un coste para el erario público de 23.465 millones de euros, «lo que supone, sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional».

Las ayudas públicas a las cajas mientras mantenían altísimas remuneraciones e indemnizaciones a sus directivos ha provocado la indignación en la opinión pública. UPyD, cuya querella ha puesto en evidencia al Partido Popular, que rechazó la comisión de investigación parlamentaria, llama la atención sobre «el hecho de que recibir ayuda pública no impidió a Bankia repartir más de 9 millones entre enero y noviembre de 2011 en remuneraciones», entre las que destacan los 2,18 millones de Rato y 185.000 euros para Manuel Lagares por dos meses y medio -a más de 3.300 euros por cada día laborable-.

Aunque los fiscales consideran en su informe que no procedía en este momento la imputación de conductas delictivas a personas concretas por el hecho de que pertenecieron al Consejo de Administración, el juez no lo ha visto así pero sí señala en el auto que «no es posible establecer de una manera concreta el grado de responsabilidad exigible a cada uno de los querellados».