Sale en libertad el exdirector de Trabajo tras declarar ante la jueza

La jueza que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía dejó ayer en libertad con cargos al ex director general de Trabajo Juan Márquez, al término de dos días de declaración como imputado. Márquez quedó libre dado que ninguna de las partes pidió prisión, si bien la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros por las ayudas presuntamente fraudulentas que Márquez autorizó, demanda a la que se adherieron las acusaciones particulares del PP y Manos Limpias. La Junta, personada como acusación, ha pedido una fianza civil de 3,5 millones por las ayudas concretas a las empresas Packsur, Río Grande, Virgen del Espino y por los intrusos Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón en Calderinox.

La libertad de este ex alto cargo contrasta con la línea mantenida hasta ahora por la jueza Mercedes Alaya, que mantiene encarcelados al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que figuran entre las 60 personas imputadas por los ERE fraudulentos. El cambio de línea se produce después de que la Audiencia de Sevilla decidiese hace dos semanas dejar libre a Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero encarcelado como perceptor de 1,3 millones de euros en ayudas irregulares. En breve se pronunciará también sobre la libertad de Fernández, por lo que abogados personados en la causa comentaron que la decisión de no pedir prisión para Márquez puede responder a que las partes anticipan una nueva decisión de la Audiencia a favor de la libertad de todos los encarcelados.

Emocionado

Márquez, que fue director general entre el 2009 y el 2010, fue imputado por Alaya por cuatro delitos continuados: prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad en documento oficial en ayudas que totalizaban 154 millones de euros. A la salida de la sala de vistas donde se desarrolló la declaración, el ex alto cargo se abrazó, conteniendo la emoción, con su abogado, Manuel Pérez Cuajares, y los letrados que más le han apoyado en estos dos días de declaración. «¿De verdad me puedo ir?», preguntó Márquez a su abogado, y nada más recibir una respuesta afirmativa tomó la escalera para bajar aprisa los dos pisos que le separaban de la calle.

Durante la segunda jornada de declaración, el intercambio de palabras entre la juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez subieron de tono hasta el punto de que la magistrada le reprochó su «llamativa falta de conocimiento» y él la acusó de haber acuñado el término de «intrusos». Márquez mantuvo la línea de otros altos cargos acusados en el sentido de que siguió concediendo las ayudas aprobadas en mandatos anteriores porque las consideró «válidas y en toda regla». La irritación de la jueza fue en aumento y llegó a decir a Márquez: «su falta de conocimiento es llamativa». «Usted hace el interrogatorio difícil y cansino», le espetó Alaya en otro momento, a lo que Márquez respondió: «O solo lo que usted quiere oír».

Márquez se enfrentó a Alaya y le recriminó haber acuñado el término de «intruso» para referirse a quienes percibieron ayudas de la Junta sin haber trabajado nunca en las empresas beneficiarias. En cuanto a las ayudas que acordó tras llegar al cargo en el 2009, Márquez reconoció que «quizá no fue todo lo diligente que debería» en el control, pero añadió que «tenía muchos conflictos que atender».