El exdirector de Trabajo Juan Márquez a la jueza: «Los trabajadores no leen el BOJA»

La jueza Alaya prosigue con el interrogatorio de los exaltos cargos de la Consejería de Empleo durante el presunto fraude de las ayudas y prejubilaciones pagadas con dinero público. La magistrada tomó declaración ayer al sucesor de Javier Guerrero en la dirección general de Trabajo, Juan Márquez, a quien le acusa de cuatro delitos: omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa y falsedad en documento oficial. Márquez estuvo declarando ocho horas y su interrogatorio proseguirá esta mañana.

Juan Márquez, que ocupó el cargo desde 2008 a 2010, confesó a la magistrada que nunca llegó a leer el convenio marco por el que se establecía el procedimiento para pagar las ayudas a través del IFA, luego IDEA, de forma opaca y que según Alaya es ilegal. No obstante, Márquez defendió el procedimiento como legal y dijo que no necesitó leerse el convenio porque seguía directrices de sus superiores, el exconsejero Antonio Fernández y el viceconsejero Agustín Barberá. Alaya le reprochó la opacidad del sistema de ayudas, sin publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Varios testigos del interrogatorio explicaron que Márquez contestó que no creía que los «trabajadores se lean el BOJA».

Alaya entiende que durante la etapa de Márquez se siguieron produciendo los mismos abusos y fraudes que durante la etapa de Guerrero. Es decir, ayudas a empresas sin requisitos previos y sin control posterior, además de inclusión de intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE). «Mantuvo el procedimiento a pesar de tener conocimiento del uso abusivo de los fondos públicos, de sus consecuencias ilegales y de las ayudas regaladas a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE». En total 154 millones de euros. Entre las ayudas sobre las que la jueza le pide explicación están las 30 concedidas a empresas de Huelva, su provincia; y la inclusión como intrusos de cargos socialistas, como Rafael Rosendo, alcalde de El Pedroso, y el exdelegado de Asuntos Sociales en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés.

La declaración de Márquez insiste en la misma línea de sus predecesores, de que él es un cargo político que no entiende de leyes y que obra creyendo que es legal lo que hace y que para velar por la legalidad están los funcionarios. Márquez declaró que durante dos traslados de la dirección general de Trabajo se destruyeron expedientes, aunque no supo precisar sobre qué trataban.

También sorprendió en la sala que dijera que nunca había visto a un interventor de la Junta, que su misión no era fiscalizar las ayudas, ya que para eso están los funcionarios. Manifestó que no dirigía la dirección general, sino que la coordinaba.

Más que del procedimiento para conceder las ayudas, confesó a la jueza que estuvo más preocupado por el equilibrio financiero de su departamento. En este sentido reconoce que en febrero de 2009 alertó a Fernández y a Barberá de déficit financiero en su departamento y que por ello intentó introducir mejoras.