Liberalizar con cautela

Las intenciones del Gobierno de liberalizar los horarios de apertura de los establecimientos comerciales llevaron ayer al secretario de estado de Comercio, Jaime García-Legaz, a anunciar medidas legales que obligarían a las ciudades más turísticas y permitirían mantener abiertos más comercios durante más tiempo a lo largo del año. La iniciativa parte de la convicción de que la normativa vigente -de competencia autonómica- limita las posibilidades que ofrece la actividad comercial, especialmente en un país turístico. Hay razones para pensar que puede ser así. Pero sería aventurado suponer que el comercio minorista de venta al público se ve más constreñido que protegido por su regulación actual en las zonas urbanas. Es comprensible que el Gobierno quiera romper con la inercia de unos horarios tasados a la baja, y es verdad que ello contribuiría a satisfacer los deseos del consumidor. Pero el propósito del Gobierno se enfrenta a dos problemas ineludibles. Por un lado la pretensión de establecer una 'legislación básica' que comprometa a las comunidades autónomas y, a través de ellas, a las ciudades puede constituir un exceso en un ámbito tan alejado de los principios de solidaridad y cohesión que debe salvaguardar el Estado constitucional. Por el otro resulta cuando menos discutible suponer que un cambio normativo como el anunciado daría lugar a beneficios económicos, sociales o inmobiliarios sin que genere efectos adversos. La realidad que representan las ciudades que estarían obligadas a delimitar zonas con mayor afluencia de visitantes es muy diversa en cuanto a sus atractivos y a los hábitos de autóctonos y foráneos. La ampliación del horario comercial acarrea una mayor competitividad, pero también fenómenos de devaluación en cuanto a la calidad de la oferta y a la tasa de pervivencia de los negocios. Las medidas que el Gobierno trata de impulsar no deberían caer en el saco roto de una confrontación sobre competencias porque ello soslayaría su positiva aportación. Pero del mismo modo la Administración central ha de mostrarse atenta a las discrepancias que su iniciativa suscita porque las incertidumbres del consumo invitan a pensar que la virtud está en el medio, en la búsqueda de soluciones dialogadas que miren con sano escepticismo el afán prodigioso de los cambios legales.