El Gobierno en su laberinto

Incumplir un programa electoral no es delito. Eso dictaminaron en 2009 y 2011 un juzgado Mercantil y la Audiencia Provincial de Madrid, en sendas resoluciones que establecen que la propuesta que un partido somete a las urnas no es un contrato de obligado cumplimiento. Otra cosa es el desgaste político. En su medio año en la Moncloa, Mariano Rajoy ha tomado medidas que dijo que no aplicaría y ha querido disfrazar de triunfos fracasos como el rescate a la banca. Su política ha confundido a muchos votantes del PP, ha proyectado una imagen de un Ejecutivo instalado en la contradicción y ha deteriorado su credibilidad exterior: en esta etapa el interés del bono a diez años ha escalado en torno al 9% y el Ibex-35 ha perdido casi un 20%. Los contados éxitos, como el último Consejo Europeo, no han disipado totalmente esa imagen.

El presidente del Gobierno concurrió a las elecciones con la promesa de no subir impuestos ni recortar servicios esenciales ni abaratar el despido. Pero en medio año las subidas de tributos aplicadas -IRPF, Sociedades, impuestos especiales, IBI y la inminente del IVA-, la reforma laboral y los recortes en sanidad y educación han sido un duro golpe para quienes creyeron su oferta de arreglar la crisis solo con políticas de gasto eficientes.

El 17 de noviembre de 2011, a tres días de ganar los comicios, Rajoy dijo que «en principio no voy a tocar ningún impuesto si gano las elecciones, salvo los impuestos a emprendedores, que esos hay que bajarlos porque la gran prioridad es la creación de empleo». Pero tras el triunfo se impuso la realidad. El déficit de 2011 se disparó al 8,9% del PIB, frente al 6% acordado y quedó claro que para gobernar habría que aplicar dolorosos tijeretazos y apretar las tuercas a los contribuyentes.

El Gobierno asumió la estrategia de culpar de sus decisiones al legado del anterior Ejecutivo socialista. Así justificó el ajuste de 15.000 millones en su primer Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011, que incluyó recortes de gasto, subidas de IRPF e IBI y la congelación del sueldo de los funcionarios. Febrero traería su reforma laboral «agresiva» -según la definió el propio ministro de Economía, Luis de Guindos- que costó una huelga general e hizo que muchos votantes del PP arquearan las cejas.

Pero la verdadera confusión comenzó con el misterio en torno al déficit de 2011, debate en el que llegaron a filtrar datos dispares incluso ministros ajenos al equipo económico. Al fin, el Gobierno publicó el 27 de febrero la cifra: 8,51% del PIB. Ese desfase se ampliaría luego al 8,9% al aflorar déficit oculto de Madrid y la Comunidad Valenciana, lo que degradó la imagen exterior de España. La cifra obligaba a un ajuste inmenso, de 44.000 millones, para reducir los números rojos al 4,4% pactado con Bruselas.

Decisión «soberana»

Tras dos meses diciendo lo contrario, Rajoy desistió a finales de febrero de cumplir esa meta. El presidente viajó a Bruselas el 2 de marzo para anunciar unilateralmente en el Consejo Europeo que elevaba al 5,8% el nuevo objetivo de déficit. Fue una decisión «soberana» de España -según dijo el presidente- que enfadó a Alemania y Francia. Empezó un tira y afloja con el Eurogrupo, que diez días después impuso una meta más dura, el 5,3%.

También perjudicó a la credibilidad del país la decisión de retrasar al 30 de marzo la presentación de los Presupuestos de 2012 para no desvelar el duro ajuste que venía hasta pasadas las elecciones en Andalucía. Con la economía en recesión y los mercados castigando a la deuda soberana, la Comisión Europea pasó tres meses reclamando al Gobierno la presentación urgente de unas cuentas creíbles

Los presupuestos trajeron más sorpresas: una amnistía fiscal -que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, denomina «gravamen especial» o «regularización extraordinaria»- que volvió a desorientar al electorado popular y una subida del Impuesto de Sociedades. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, había definido en 2010 como «injusto, antisocial y una barbaridad» otro plan de amnistía fiscal del PSOE. Y de bajadas de impuestos a emprendedores, nada.

Cuando el país aún no había digerido el ajuste de 27.300 millones incluido en las cuentas, el 9 de abril el Gobierno anunció en una nota de prensa otro recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación, el alma del Estado de bienestar. «Meteré la tijera salvo en pensiones, sanidad y educación», había dicho Rajoy el 4 de noviembre, al inicio de su campaña.