EE UU digiere la decisión del Supremo

¿Qué se podía estar 'metiendo' el juez Roberts para decidir avalar la reforma sanitaria de Obama? Según los conservadores, que hasta el jueves lo tenían como a unos de los suyos y ahora le llaman «traidor», un medicamento para la epilepsia que interfiere con sus funciones cognitivas. Para los progresistas que derraman lágrimas de emoción, Roberts dio alas al sueño de la reforma sanitaria por un ataque de responsabilidad. Un análisis más pausado sugiere que no es oro todo lo que reluce.

Fue una sentencia histórica escrita con extremada delicadeza para resolver numerosos conflictos de intereses. Un fallo que, pese a suponer una gran victoria para Barack Obama al respaldar la Ley de Atención Sanitaria Asequible al completo, también restringe el poder del Ejecutivo federal de acuerdo con la ideología conservadora.

Por un lado, la sentencia limita la capacidad del Ejecutivo al sostener que la función constitucional de regular el comercio de bienes y servicios no le permite exigir un seguro médico obligatorio, porque con ello forzaría a los ciudadanos a entrar en el mercado. Por el otro, limita su capacidad para regular los acuerdos con los Estados federados al impedirle que retire los fondos del programa de sanidad de beneficencia llamado Medicaid a aquellos gobiernos estatales que no estén dispuestos a aceptar la ampliación de la atención que conlleva la reforma sanitaria.

Este último punto es el que pasó desapercibido para muchos en las primeras horas de la sentencia más importante del Supremo desde que resolvió sobre las elecciones entre George W. Bush y Al Gore. Teniendo en cuenta que el caso respondía a la demanda interpuesta por 26 Estados que no quieren extender la cobertura de estos servicios, es lógico interpretar que dejarán sin seguro público al menos a ocho millones de los diecisiete que la Administración Obama esperaba incluir bajo el paraguas del seguro público, según las estimaciones de Propública.

Medicaid es un complejo sistema que, en el mejor de los casos, solo acepta a padres con hijos que viven muy por debajo del umbral de la pobreza. La estrategia de Obama pretendía incluir a los adultos pobres menores de 65 años, simplificando sgnificativamente los requisitos.

Aunque el Gobierno federal correrá con todo el coste de la expansión durante los primeros tres años, y a partir de ahí reducirá su contribución de forma progresiva hasta el 90%, Estados dirigidos por demócratas podrían sumarse a los de gobiernos republicanos que se oponen a la nueva situación por motivos abiertamente ideológicos.

Ira de la ultraderecha

Ninguna de estas pequeñas grandes victorias ha logrado calmar la ira de la ultraderecha. El juez John Roberts anunció ayer que en las próximas semanas dará un curso de Derecho en Malta. «Un fuerte en una isla inexpugnable... Me pareció una buena idea», broméo. La audiencia, 350 abogados, jueces, fiscales y juristas, le contestó con una carcajada. Algunos de los presentes ya le habían preguntado por la controvertida decisión del día anterior, pero Roberts no había sacrificado sopesadamente su reputación para arruinarla después en una conferencia judicial que figuraba en su agenda desde hacía meses.

El jefe del Supremo parece estar decidido a recuperar para su tribunal la credibilidad que había perdido en los últimos tiempos con decisiones demasiado politizadas. Durante las audiencias a las que le sometió el Senado para aprobar su nominación en 2005 aseguró que no haría «activismo» desde el banquillo reescribiendo las leyes que aprobase el Congreso. Con esta sentencia le había llegado la hora de hacer buena su promesa, por doloroso que le haya resultado. «Todos los jueces somos profundamente conscientes de que millones y millones de personas han votado por ustedes mientras que nadie ha votado por ninguno de nosotros», dijo entonces a los legisladores.

Roberts, un católico educado en Harvard, antepuso su sentido de la responsabilidad hacia la institución que preside por encima de sus preferencias ideológicas. «No es nuestro trabajo proteger a la gente de las consecuencias de sus decisiones políticas», aclaró en la sentencia. Los conservadores que confiaban en él para que tumbase la ley captaron el mensaje. En menos de 24 horas la campaña de Mitt Romney recaudó por Internet 4,2 millones de dólares (3,3 millones de euros) de 41.000 donantes que han comprado su promesa de revocar la ley en su primer día de gobierno. Antes tendrá que vencer a Obama en las elecciones del 6 de noviembre, pero el acicate de la reforma sanitaria es tan fuerte que hasta la excandidata Sarah Palin le ha dado las gracias por «entusiasmar a las tropas» y «abrirles los ojos».