Alertan de que el 'medicamentazo' encarecerá los fármacos

El día después de que el Gobierno anunciase el 'medicamentazo' que dejará al menos 425 fármacos de uso común sin financiación pública desde agosto, los sindicatos CC OO, UGT, CSI-F y SATSE criticaron la medida y aseguraron que en vez de suponer un ahorro para la sociedad, «generará más gasto». No se creen las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad y están convencidos de que las grandes beneficiadas serán las farmacéuticas. Y es que la industria del sector mostró ayer su apoyo al Ejecutivo y defendió la exclusión de estos productos.

Los representantes sindicales negaron que el 'medicamentazo' permita ahorrar 458 millones de euros al Estado, como afirma el Gobierno. Realmente apuestan por todo lo contrario. «Los medicamentos que salen de lo financiado hasta ahora serán sustituidos por otros, quizás más modernos, pero más caros porque llevan innovación y una patente», relató Carlos Amaya, de CSI-F. De esa manera explican los aplausos que la iniciativa ha cosechado en la patronal farmaceútica.

Además, temen que los precios de los centenares de medicamentos excluidos se disparen. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ya aseguró tras el Consejo Interterritorial que el Gobierno vigilará para evitar que los medicamentos sin subvención (y que los pacientes podrán seguir adquiriendo abonando la totalidad de su precio) multipliquen su importe excesivamente.

Pero los sindicatos no solo están molestos con el fondo de la norma, sino también con la forma. Critican, como algunas comunidades autónomas, en especial Andalucía y País Vasco, la falta de información ofrecida por el Ministerio y reprocharon al Ejecutivo su improvisación ante lo que consideran una ocurrencia más. Tampoco entienden que el presidente del Gobierno no dé explicaciones en un asunto que afecta a uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. «Solamente vemos al presidente cuando va al partido de fútbol», denunció Luis Álvarez, de CC OO.

Sanidad se defendió y aseguró que los medicamentos eliminados recogen las propuestas realizadas por las propias consejerías en las reuniones de trabajo previas al consejo interterritorial. Además, insiste en que no es la primera vez que se realiza una actualización de la cartera básica de salud y que sirve para poner a España en línea con la UE.

Como protesta por el decreto de racionalización del gasto sanitario que supone un recorte de 7.000 millones, los sindicatos elevaron ayer una queja ante el Defensor del Pueblo en la que le instan a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto por vulnerar el derecho a la protección de la salud. Consideran que «restringe» su acceso a «múltiples colectivos» como los inmigrantes irregulares o a los españoles de más de 26 años que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social. Además, creen que con esta normativa se prima la «perspectiva económica sobre la calidad asistencial», recoge el texto y que se ha puesto en peligro la concepción de universalidad en el acceso a la salud pública que provocará el «colapso» de las urgencias de los hospitales.

El recurso de inconstitucionalidad solo es una de las medidas en la que las centrales sindicales trabajan. De hecho, han empezado una campaña de recogida de firmas en contra del decreto que se prolongará hasta el 30 de septiembre con el objetivo de reunir un millón y presentarlas ante el Ministerio de Sanidad.

Financiar la innovación

A quien sí ha gustado la «actualización» del nomenclátor (la cartera de fármacos con financiación pública) es a Farmaindustria. La patronal del sector apoya la medida y coincide con el Gobierno en que la exclusión de medicamentos para síntomas menores era necesaria para «garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario». Están convencidos de que permitirá mantener la financiación en las últimas innovaciones terapéuticas de enfermedades graves.

La patronal farmacéutica consideró la iniciativa como una respuesta a la difícil situación económica a pesar de los «importantes sacrificios y esfuerzos para las compañías afectadas» que verán reducido su mercado al tener menores demandas. El propio ministerio reconoció que su propuesta supondría un perjuicio moderado o grave a las empresas. Por eso Farmaindustria pide al Gobierno que evite desplazamientos que distorsionen el mercado e impidan lograr el ahorro fijado.