PP y PSOE cierran por fin un acuerdo para renovar el Constitucional

Partido Popular y PSOE cerraron ayer un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Pusieron fin a más de año y medio de interinidad en la corte provocada por un bloqueo de las negociaciones políticas debido a intereses y estrategias partidistas.

Los dos grandes partidos pactaron los nombres de los sustitutos de los tres magistrados que tienen agotados sus mandatos desde noviembre de 2010 y del puesto en la corte que se encuentra vacante desde que en mayo de 2008 falleciese el magistrado de tendencia conservadora Roberto García-Calvo.

Los nombramientos, que podrían ser aprobados a mediados de julio por el pleno del Congreso, permitirán la sustitución del actual vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, y de la jurista Elisa Pérez, ambos de tendencia progresista, y del magistrado conservador Javier Delgado.

PP y PSOE aspiran a no revelar los nombres de los cuatro candidatos a ingresar en el tribunal hasta que este viernes los presenten en el registro de la Cámara baja.

Cada partido ha propuesto a dos candidatos que se han aceptado en unas negociaciones lideradas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y por la vicesecretaria general de los socialistas, Elena Valenciano. El pacto se alcanzó al límite del plazo que les dio hace quince días el presidente del Congreso, Jesús Posada, que fijó como tope el 29 de junio.

Las dos grandes formaciones han sido capaces de pactar en dos semanas lo que no lograron en 19 meses empujadas por el ultimátum que el 20 de mayo pasado les dio el pleno del Constitucional. Los once magistrados que lo componen en la actualidad advirtieron a los dos grandes partidos de que no estaban dispuestos a soportar por más tiempo el incumplimiento de la Constitución. Avisaron de que si la renovación no se producía de inmediato adoptarían medidas «drásticas» -dimisiones- que podían provocar el colapso de la corte por falta de quórum.

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, que se reunieron cinco días después, el 25 de mayo, tomaron nota y ordenaron a sus equipos de confianza que, esta vez sí, se pusiesen manos a la obra, porque había que cerrar el acuerdo de renovación de manera urgente.

Quejas de los minoritarios

Las sustituciones de magistrados en principio no deberían alterar la mayoría progresista, que sobre el papel pasaría de 7 a 4 a de 7 a 5, pero siempre a expensas de las decisiones de Manuel Aragón, que en los asuntos de componente nacionalista suele votar con los conservadores. La renovación desde luego significará la elección de un nuevo vicepresidente y no es descartable también la votación de un nuevo presidente. Si esta última opción se produce, no está asegurada la continuidad del progresista Pascual Sala.

Los partidos minoritarios denunciaron ayer que el PP y el PSOE han despreciado al conjunto del Congreso porque han realizado las negociaciones en secreto y sin consultar a ninguna otra formación excepto a CiU, por lo que creen que reducen el amplio consenso que busca la Constitución a un simple reparto de cuotas partidistas en el tribunal.

El acuerdo entre los dos grandes partidos no solo desatasca la renovación de la corte sino también la que padecían buena parte de los órganos constitucionales desde hace casi dos años. Ambos propondrán nombres para cubrir las 12 vacantes del Tribunal de Cuentas, las cinco de la Junta Electoral central y, si las negociaciones de última hora lo hacen posible, la de Defensor del Pueblo, sin titular desde el cese en 2010 de Enrique Múgica.

El único órgano que no pudo ser pactado fue RTVE. El PP, ante la falta de acuerdo, optó por el cambio legal para poder nombrar al nuevo presidente con su mayoría absoluta. El Congreso designó ayer a Leopoldo González-Echenique.