El Poder Judicial cierra filas para que no le salpique el 'caso Dívar'

El primer pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión de Carlos Dívar sirvió a los vocales y a su presidente interino, Fernando de Rosa, para cerrar filas y alejarse de la «sombra de sospecha» que se ha extendido en el órgano de gobierno de los 4.500 jueces españoles a raíz de los viajes que Dívar cargó a protocolo.

El primer efecto de estos nuevos tiempos de transparencia del gasto en el Consejo, tal y como lo presentó ayer su portavoz Gabriela Bravo, consistió en encargar un informe contable al secretario general de la casa, Celso Rodríguez, sobre los desplazamientos de fin de semana de los 20 vocales desde que se constituyó el Consejo en 2008. Y el resultado, subrayó la portavoz en su comparecencia ante los medios, fue inequívoco.

«Se puede afirmar categóricamente que no hay viajes en fin de semana de los vocales a lugares diferentes a su residencia»; «no hay casos análogos» a los desplazamientos que le han costado la dimisión al presidente, afirmó Bravo, que añadió que pese a todo, están a la espera de una revisión «más exhaustiva» de estos gastos.

Esta auditoría sirvió de píldora a los consejeros para intentar lavar la cara del Consejo tras el 'caso Dívar'. Ello, «conscientes de la polémica suscitada y sobre todo de la sombra de sospecha sobra toda la actuación de los vocales», señaló la portavoz, después de que se abriera la caja de Pandora sobre los viajes realizados por estos a cargo de protocolo.

Este cruce de datos entre los vocales, filtrados a la prensa como dardos envenenados, más parece una «caza de brujas» en un órgano judicial descabezado tras la dimisión de Carlos Dívar el pasado 21 de junio, comentaba una fuente conocedora de estos movimientos.

«Dinámica autodestructiva»

De ahí que el pleno ordinario de ayer resultase un punto y aparte en esta «dinámica autodestructiva» a la que parecía abocada el gobierno de los jueces, a la espera de que llegue un nuevo presidente que ponga orden en la casa y controle la tradicional división de los bloques ideológicos.

Precisamente, se prevé que el Boletín Oficial del Estado publique la renuncia de Dívar y a partir de este lunes comience la cuenta atrás para encontrar a un magistrado de reconocido prestigio que lo sustituya. En las quinielas suenan los jueces del Tribunal Supremo Carlos Granados o Roberto Enríquez.

Eso, de puertas hacia dentro. Porque de cara a la opinión pública quedó en evidencia que los matices siguen siendo importante en el Consejo. Hubo unanimidad en aprobar una moción por la cual los vocales están dispuestos a acudir a las Cortes Generales, Senado y Congreso, y al Tribunal de Cuentas para dar cuenta de sus gastos. Pero, eso sí, solo si estos órganos lo solicitan. Es decir, se trata de un ofrecimiento a medias, ya que depende del Partido Popular, con mayoría en ambas cámaras, para aprobar la petición.

En cambio, fue rechazada por mayoría otra propuesta de cinco vocales que daba un paso más allá. Pretendían que el propio Consejo se dirigiera a los presidentes de las Comisiones de Justicia del Congreso y el Senado para ponerse a disposición de estos órganos con objeto de explicar con detalle sus viajes. Es decir, pasar de la intención a los hechos.

La moción fue presentada por los consejeros 'progresistas' Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Carles Cruz y Félix Azón, a los que después se unió Margarita Uría, propuesta por el PNV, y fue rechaza por las 15 abstenciones de sus compañeros.

Austeridad

Precisamente, el nuevo plan de transparencia y control del gasto del Consejo pretende apaciguar los ánimos entre los vocales y restablecer la confianza de los ciudadanos y de la propia Carrera Judicial, 'tocada' por la situación en su órgano de gobierno.

Como ya era sabido, este plan incluye una mayor austeridad en los viajes y viene a reforzar el control de los gastos. Entre otras medidas, los vocales no puedan alargar sus viajes más allá del día anterior y posterior al día del evento al que acuden y deben justificar todas sus actividades, a diferencia de la norma que regía desde 1996.

Asimismo, se reducirá un 20% los gastos previstos para protocolo del total del presupuestos del Consejo, cifrado en unos 67,2 millones de euros. También se prevé disminuir la partida de 470.000 euros que los altos cargos del gobierno de los jueces (los 20 vocales más el secretario general) se gastaron en 2011 en viajes por el territorio nacional y cargos a cuenta de las arcas del gobierno de los jueces.