ESPAÑA

El Consejo investiga presiones al magistrado del 'caso Fabra'

El juez denuncia que la Audiencia de Castellón trata de archivar el delito de cohecho contra el expresidente de la Diputación

MADRID. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El Consejo General del Poder Judicial investigará las presiones denunciadas por el juez titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, encargado de instruir la causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por diversos delitos.

El servicio de inspección del Consejo se hará cargo de los trámites después de que el instructor solicitase amparo para que la sección primera de la Audiencia de Castellón deje de «perturbar» su independencia al tratar, según asegura, de «imponerle» indirectamente el sobreseimiento del delito de cohecho del que está acusado el actual presidente provincial del PP.

El juez pide que el Consejo le ampare, ya que se considera «inquietado o perturbado» en su independencia como instructor y recuerda que, tras una «procelosa» instrucción, que se ha prolongado durante más de ocho años, en el año 2010 se concretaron los hechos punibles en las figuras delictivas de cohecho, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública contra Fabra.

Artimaña

En su alegato, el juez Pin indica que la sección primera de la Audiencia de Castellón decretó la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral contra Fabra al considerar que la sección segunda de la propia Audiencia había declarado que los hechos no pueden ser constitutivos del delito de cohecho. Sin embargo, el juez añade que, como instructor de la causa durante tres años, considera que concurren indicios delictivos.

Según el relato de Pin, aunque la sección primera «no tiene la posibilidad de acordar de oficio la nulidad del auto», le pidió que «sobreseyera la causa en lo referente al cohecho», un delito clave ante una futurible condena.

Si actuase de esta manera, dice el juez, «vulneraría el Derecho Constitucional a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías» para las partes. Además, «incurriría en una grave incoherencia», ya que estaría «variando el sentido de mi resolución» sin haber sido ordenado por un órgano judicial superior.

Pin asegura en su escrito ser consciente de que su petición de amparo ante el CGPJ es «inusual», pero afirma que la sección primera pretende «imponerme una decisión que me corresponde a mí como juez instructor» y que además «me impide culminar la instrucción».