La jueza ordena investigar las ayudas concedidas por Economía en 2010

La jueza de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha ordenado investigar las ayudas por valor de 3.537.680,15 euros otorgadas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en virtud de un «compromiso asumido» por las viceconsejerías de Empleo y Economía el día 26 de enero de 2010.

En un auto notificado ayer a las partes, la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, señala que «la existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo habrán de ser investigadas», por lo que requiere a la Junta para que remita el convenio de colaboración suscrito entre ambas consejerías «en virtud del compromiso» de 26 de enero de 2010.

En este sentido, la magistrada pone de manifiesto que, en virtud de este convenio de colaboración, Astilleros de Huelva recibió el 24 de marzo de 2010 una ayuda sociolaboral de 952.404,89 euros, mientras que Astilleros de Sevilla recibió, los días 24 y 29 de julio de 2010, 455.025,14 y 1.325.254,48 euros, respectivamente, a lo que se suma una tercera ayuda de 450.000 euros concedida a la empresa Abantia Ticsa S.A.U.

Según argumenta la jueza instructora, en las resoluciones emitidas por la Dirección General de Trabajo a la Agencia IDEA para efectuar el pago de las ayudas consta que «la encomienda de pago es con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia», todo ello en virtud del «compromiso asumido por las viceconsejerías» de Empleo y Economía el 26 de enero de 2010.