Tensión sirio-turca

La reunión entre el presidente Rajoy y el líder del PNV, Iñigo Urkullu, permitió ayer a éste instar al Gobierno a que prosiga dando pasos que aseguren la irreversibilidad del desistimiento terrorista y garanticen el pronto afianzamiento de la paz. A la salida de la reunión Urkullu rebajó la exigencia de «valentía y audacia» que había dirigido públicamente a Rajoy en puertas de la misma para reiterar su compromiso de lealtad y discreción respecto a la actuación del Gobierno, sin duda porque confía en que el Ejecutivo central se mantenga activo en la materia que el PNV ha sido más insistente desde que ETA anunciara el cese definitivo de sus actividades, cual es la política penitenciaria y de reinserción. Sin embargo el final del terrorismo etarra presenta dos vertientes que resultan insoslayables. Por una parte, la democracia y las instituciones no pueden hacer suya la lógica que trata de imponer ETA, según la cual su disolución se situaría si acaso al final de un proceso en el que los «Estados español y francés» estarían conminados a participar revisando los fundamentos del Estado de Derecho mediante la habilitación de medidas de indulgencia que exoneren a los activistas condenados. Por la otra, tal y como vinieron a recordar las dos detenciones de ayer en suelo francés, la lógica democrática exige que la depuración de responsabilidades penales anteceda a cualquier iniciativa proclive a facilitar la reinserción o a arbitrar beneficios penitenciarios. Frente a la pretensión de Amaiur de que las instituciones hagan dejación de sus obligaciones y rehúsen desmantelar la trama del terrorismo deteniendo a sus integrantes, sería insostenible desde el punto de vista legal y con arreglo a una Justicia reparadora que el Estado de Derecho optase por aplicar el beneficio de la inacción y el olvido hacia quienes aun siguen organizados y armados fuera de la ley. ETA continúa siendo el nudo gordiano de su propio problema. La persistencia de sus estructuras actúa como una realidad fáctica que, lejos de mejorar expectativas al futuro de sus presos, contribuye a limitar las posibilidades que cualquier Gobierno pueda tener para «dar a los pedales» -como demandó ayer Urkullu- con responsabilidad y sentido de justicia en materia penitenciaria.

Turquía ha presentado ante la OTAN el grave incidente suscitado por el derribo de uno de sus aviones por la defensa antiaérea siria, aunque sabe perfectamente que la Alianza no pasará de darle merecido respaldo político y diplomático. La razón es que el asunto no involucra el menor peligro para la seguridad turca o amenaza su integridad y, por tanto, no prevé acciones militares conjuntas en su defensa y, además, no las necesita. Pero la OTAN sí ha dejado claro con qué severidad juzgan los miembros de la Alianza la conducta del régimen sirio en la represión de la rebelión social en marcha. El asunto tiene, por lo demás, una dimensión muy relevante y es la vecindad y la condición turca de gran potencia regional. El gobierno turco pasó de ser hace un año el adalid de una solución negociada (que, equivocándose mucho, rechazó Damasco) a alentar formas de apoyo, cada día más visibles, a la oposición armada. Si la parte siria quería dar más argumentos al poderoso vecino, que ayer subió mucho el tono, ya lo hecho equivocándose de nuevo y muy gravemente.