La legalización de Sortu se vuelve contra Bildu y Amaiur

El Gobierno pretende aprovechar la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó Sortu para ilegalizar las dos marcas electorales de la izquierda abertzale, Bildu y Amaiur. Así lo manifestaron ayer distintos miembros del Ejecutivo y del PP que, por medio del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtieron de que el «contador ha comenzado a avanzar» para acreditar que la formación que gobierna la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, por un lado, y la que tiene siete diputados en el Congreso, por otro, han vulnerado la ley de partidos.

Los 9.000 euros de subvención concedidos por el consistorio donostiarra para la realización de un documental sobre presos de ETA ya concedieron el lunes munición al Gobierno para plantear un posible proceso de ilegalización. Apenas 24 horas más tarde la amenaza se extendió a Amaiur, después de que su portavoz en la Cámara baja, Mikel Errekondo, condenara la detención ayer de dos miembros de ETA, operación, dijo, que va «en la dirección contraria» a la solución de los problemas políticos en Euskadi. Para actuar contra ambas formaciones, el Gobierno recurre al fundamento jurídico número 15 de la sentencia del Constitucional sobre Sortu. Este apartado señala como motivo de la ilegalización «el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación como víctimas o héroes, teniendo especial alcance cuando tales conductas se realicen por quienes, estando en puestos institucionales, las autorizan o toleran». Un requisito del que el Ejecutivo asegura haber tomado buena nota y que estudia si puede aplicarse contra Bildu y Amaiur.