La celeridad del juicio contra Lugo preocupa a América

Sometido a un juicio político sumarísimo, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quedó anoche a las puertas de la destitución. Tras la imprevista votación del jueves en la Cámara de Diputados, el Senado se aprestaba a aprobar su salida por su presunta responsabilidad en el desalojo sangriento de una hacienda en el que murieron 11 campesinos y siete policías y por otras razones enumeradas sin previo aviso por la parte acusadora.

De nada sirvió la preocupación expresada por EE UU, ni la rápida intervención de los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), ni la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA)de reunirse de emergencia por un hecho político que Lugo calificó de «golpe de Estado exprés» fraguado en el Senado por el opositor Partido Colorado y por el hasta ahora integrante de la coalición gobernante, el Partido Liberal.

En Paraguay el juicio político y la destitución son mecanismos previstos por la Constitución, pero los congresistas procedieron con tal celeridad que podrían haber violado el derecho del presidente a un proceso justo. El jueves aprobaron el proceso por 73 votos contra uno y ayer el asunto pasó al Senado, la Cámara encargada del enjuiciamiento, con la investigación judicial todavía recién iniciada. A Lugo le concedieron 24 horas para elaborar sus argumentos. Y le fijaron apenas dos horas para la defensa. Poco antes del comienzo del juicio, sus abogados presentaron ante la Corte Suprema una «acción por inconstitucionalidad». Lugo siguió la sesión desde su despacho en el Palacio de Gobierno. Contrarreloj, cancilleres y ministros de Unasur trataron de convencer a los senadores de ampliar el tiempo de defensa. Para la destitución se requiere una mayoría especial, pero de los 45 miembros de la Cámara alta, 42 se manifestaron de entrada a favor.