Otegi aprovecha la legalización de Sortu para recurrir su condena

El Gobierno considera que Arnaldo Otegi debe cumplir íntegra su condena de seis años y medio de prisión por, según estableció la Audiencia Nacional y ratificó el Tribunal Supremo, intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto de Bateragune. Soraya Sáenz de Santamaría señaló ayer que por norma las sentencias se cumplen «y más en casos de naturaleza tan grave» como el de Otegi, encarcelado por pertenencia a ETA.

La excarcelación fue reclamada el jueves por la izquierda abertzale en coherencia con la sentencia que legalizó a Sortu. La idea fue también avalada en cierto modo por los socialistas vascos, que consideraron «una contradicción» que Otegi siga en la cárcel y el partido que contribuyó a fundar sea legal, según explicó el portavoz del PSE en la cámara de Vitoria, José Antonio Pastor. Su homólogo del PNV, Joseba Egibar, afirmó que la situación es «absurda».

También se sumaron ayer a la petición de excarcelación el líder de IU, Cayo Lara, quien vio «muchas razones» para que Otegi salga de la cárcel, entre ellas que servirá para «la normalización» política en el País Vasco. Pero hubo detractores de esa posibilidad, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que afirmó que sería «una aberración», aunque teme que sea «el siguiente paso» del Gobierno.

La vicepresidenta señaló que, en todo caso, serán los tribunales los que resuelvan, pero insistió en que el Ejecutivo cree que Otegi tiene que cumplir «íntegramente su pena». Sáenz de Santamaría se refería con su apelación a la justicia al recurso que presentaron el jueves ante el Constitucional el propio exportavoz de Batasuna y el exsecretario general del sindicato LAB Rafael Díaz Usabiaga contra su sentencia. La Audiencia Nacional condenó en primera instancia a ambos a diez años de cárcel por ser dirigentes de ETA, pero el Supremo los rebajó a seis y medio al desestimar que fueran dirigentes terroristas.

La corte informó ayer que la impugnación se entregó la víspera y en próximas fechas se debatirá su admisión. El texto, según adelantó el abogado Iñigo Iruin, sostiene que es «inexplicable» que los condenados por el caso Bateragune estén en prisión por su participación en el proceso «del que surge el nuevo proyecto político de la izquierda abertzale, que se concretó en Sortu», partido que el Constitucional ordenó el miércoles inscribir en el registro del Ministerio del Interior por ser una formación legal.

Interpretación interesante

Un argumento sobre el que el líder del PSOE no quiso entrar a debatir. Alfredo Pérez Rubalcaba señaló que el PSE ya había hecho «una valoración completa» de la sentencia sobre Sortu y no tenía nada más que añadir. Lo que sí quiso comentar fue «la interesante interpretación» que hizo el Constitucional de la ley de partidos para permitir la actividad pública de Sortu. En ella, subrayó, se recuerda que «la situación» de ETA no es la misma que hace un año porque en medio, el 20 de octubre, hizo una declaración de alto el fuego definitivo. «Eso -según Rubalcaba- ha cambiado sustancialmente la situación».

Recordó que mientras estuvo en el Gobierno él emplazó a ETA a elegir entre «bombas y votos», y parece que ahora se han olvidado de las bombas y «disputan los votos». El líder socialista señaló que en ese contexto es en el que se tiene que analizar la sentencia del Tribunal Constitucional, y no como si nada hubiera cambiado y los terroristas prosiguieran con su actividad criminal.

Unas palabras que la vicepresidenta aprovechó tras la reunión del Consejo de Ministros para afear a Rubalcaba su cambio de opinión. Sáenz de Santamaría leyó una intervención del líder del PSOE cuando era vicepresidente y ministro del Interior, en las que para defender los recursos que presentó la Abogacía del Estado contra Sortu en el Tribunal Supremo en abril de 2011 sostenía que el partido de la izquierda abertzale era «el brazo político» de ETA. «Este Gobierno -afirmó la vicepresidenta- no ha cambiado de opinión», cosa que no han hecho «otros», que ahora defienden lo contrario al calor de la sentencia del Constitucional.

La dirección del PSOE emitió de inmediato un comunicado de respuesta a Sáenz de Santamaría para explicar que el cambio de criterio obedece a que entre aquellas palabras y ahora «ETA ha declarado el fin de la violencia». La ejecutiva socialista lamentó asimismo que el Ejecutivo de Rajoy «no valore la importancia» de esa declaración «y lo que eso significa».